La cifra de matrimonios forzosos que se producen en España se ha incrementado en un 60% en los últimos 7 años. Se trata, sin ninguna duda, de un problema grave que se suma a otras prácticas lesivas contra los derechos más elementales de niñas y mujeres.
No hay tradición cultural o religiosa que pueda justificar un atentado contra la dignidad humana. Y no solo eso. En un país democrático como España no pueden consentirse prácticas de esta naturaleza. Proteger a las niñas y a las mujeres que corren el riesgo de verse forzadas a casarse es un deber de las autoridades. Por sí solas no pueden escapar de una perversa tradición que las condena a perder a sus familias y las obliga a vivir solas y aisladas.
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