Este gobierno, que seguimos padeciendo, se caracteriza por la serie de chapuzas que vienen jalonando las diversas etapas por las que viene discurriendo. Cuando el TSJC, dentro de la legalidad y de la más estricta ortodoxia jurídica, decide que, en Cataluña, tanto su gobierno como las escuelas de toda la comunidad deben de ajustarse, como en cualquier otra parte del territorio nacional, a lo que queda diáfanamente explicitado en el artículo 3 de la Constitución Española, cuando se declara que, el castellano, es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Y, en el apartado segundo, se especifica que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos.

No parece que exista dificultade alguna en cuanto a la claridad con la que está redactada semejante norma y en lo que respecta al alcance de la misma. No obstante, no parece que en algunas partes de España y, algo que es más grave y que roza peligrosamente con lo que se pudieran considerar como intentos espurios del Gobierno actual, cercanos a la traición y a la prevaricación, de favorecer, por motivos egoístas que en nada benefician a España, al separatismo catalán, permanentemente dedicado a poner en dificultades a las autoridades españolas y valiéndose del chantaje que ejerce sobre el señor Pedro Sánchez y sus adláteres, especialmente motivado por el tema Pegasus, de escuchas ilegales, que le ha venido como anillo al dedo para volver a insistir en sus sueños independentistas.

El mero hecho de que se permita que el parlamento catalán esté continuamente actuando en la cuerda floja, sin que el  Gobierno intervenga para que se tomen medidas disciplinarias o se utilicen los servicios jurídicos dependientes de la Moncloa, como son la abogacía del Estado o la fiscalía, para que actuaran de oficio en las numerosas veces en que aquel organismo autonómico demuestra su intención de incumplir las normas estatales, a las que tiene que someterse, como miembro del estado español, ya resulta un elemento discordante cuando estamos hablando de que somos un Estado de derecho.

Si bien es cierto que, a los españoles, ya nos parece algo normal el hecho de que el gobierno de Madrid este a las órdenes directas del separatismo vasco y catalán, lo que viene sucediendo últimamente, nos hace pensar que se ha llegado a un estado de tal degradación que, si no se reacciona, si no se pone remedio a esta situación constante de permitir que las leyes no se cumplan, de ceder continuamente a estas peticiones bochornosas y contrarias a la Constitución que, con absoluta temeridad, sin respeto alguno por el resto de España y con el objetivo claro y declarado palatinamente de conseguir, como último objetivo, la independencia de lo que ellos denominan “ la nación catalana”. Resulta risible, si no dramático, escuchar las argumentaciones de las que se valen para tergiversar los hechos, presentarse como víctimas de una injusticia y como merecedores del apoyo del resto de Europa, utilizar recursos públicos para abrir embajadas de propaganda independentista en muchas ciudades de la UE y gastar el dinero de los impuestos y el que reciben del Estado para destinos distintos a aquellos por los que lo vienen recibiendo, sin que los organismos de control destinados a vigilar que se cumplan las normas, parezca que tengan el más mínimo interés en destapar semejantes irregularidades.

Ante la exigencia, imperativa, no recurrible y ejecutiva, a la vez, impuesta por el TSJC de que, sin más dilaciones, antes del día 31 de este mes de mayo, en todas las escuelas de la comunidad catalana, se haya establecido de una manera normalizada y eficiente la parte de este 25% de enseñanza en la lengua castellana que corresponde según mandato constitucional, vemos admirados que no existe la menor intención de llevar a cabo lo que se les pide a los responsables de educación de Cataluña y que, en un intento solapado, completamente absurdo y despreciando la autoridad del tribunal que dictó la resolución, se intenta recurrir a una nueva ley que se gestará en  el Parlament catalán, mediante la cual se pretende cambiar el sentido de la sentencia dictada, darle una nueva redacción menos exigente y más permisiva, de modo que se burle el objetivo de normalizar el castellano en las aulas autonómicas públicas según dispone la Constitución, sin otra garantía que una vaga promesa de que los alumnos, cuando terminen sus estudios, sabrán tanto el catalán como el castellano, algo ambiguo, incierto y poco demostrable.

Como es evidente, se olvidan de que no depende de que sea la autonomía la que garantice un derecho de una manera magnánima, sino que, como hemos citado al principio, es la Constitución, la lex máxima, la que dice sin posibilidad de darle otra interpretación, que todos los españoles ( los catalanes pese a que les pueda resultar incómodo, siguen siendo españoles)“tienen el deber de conocer” el castellano y, en consecuencia este deber debe ser correspondido con la obligación de recibir una parte de la enseñanza que se les debe dar, en este idioma patrio, sin que ello desmerezca ni sea óbice para que también se conozcan las lenguas propias de cada comunidad.

Sin duda alguna y pese a que aquellos que desean que se promulgue dicha ley inconstitucional, nadie puede pensar que una sentencia de un tribunal puede ser menospreciada y evitado su cumplimiento median añagazas semejantes. El Estado de derecho tiene sus normas, sus procedimientos, sus competencias y sus efectos que, efectivamente, se van a poner en funcionamiento tan pronto este intento burdo de saltarse la Constitución vaya a tener la réplica por parte de los tribunales de justicia, a los que les corresponda enmendar semejante bodrio jurídico. Que el PSC, bajo las órdenes del ministro señor Illa , de nefasto recuerdo por su forma errónea de manejar el tema del Covid 19, se haya dejado llevar por su servilismo al separatismo catalán, no hace más que confirmar la absoluta dependencia del ejecutivo de lo que el señor Junqueras y el resto de fanáticos, como el señor Aragonés, le piden que haga y, para ello, ya son varias las veces que en el Congreso de diputados han votado en contra del Gobierno, como advertencia de lo que le puede ocurrir al señor presidente, Pedro Sánchez, si se le ocurre ponerles trabas en lo que ellos consideran que deben lograr de este gobierno débil que lucha por mantenerse en el sillón, algo que, a la vista está, cada vez le está resultando más difícil de conseguir.

Y un comentario sobre algo que nos parece interesante resaltar. Parece ser el TS ha decidido tratar de una cuestión que ya dábamos por caducada pero que, el recurso ante dicho tribunal, de algunas personas parece que le ha llevado a considerar la posibilidad de que estuviera equivocado cuando no puso objeciones a la concesión del indulto a los líderes independentistas, rectificando su decisión del pasado mes de enero. Fue algo inaudito, un premio del Gobierno a quienes intentaron trocear España, algo que nadie les recomendó que hicieran, ni el TS ni quienes tuvieron algo que decir al respecto.

El diputado del PSOE, J.F Sicilia ha salido a la palestra para defender los indultos, afirmando que el Gobierno cumplió “escrupulosamente” con la “legalidad y la utilidad” a la hora de conceder tal beneficio a los separatistas que estaban en prisión. Supongo que al hablar de escrupulosamente no se estaba refiriendo a uno de los requisitos que se les exigen a los beneficiarios de tal excepción gratuitamente concedida desde el gobierno, porque si no estamos equivocados, uno de los requisitos básicos es que quienes sean los presuntos beneficiarios de la medida, precisan estar arrepentidos de su delito algo que, evidentemente, no se ha dado en ninguno de los que salieron de la cárcel indultados en este caso específico. Tampoco parece que el procedimiento de concesión del indulto se respetara, ya que no se contempla en la legislación española indultos masivos si no que se deben estudiar caso por caso. Por si faltara algún otro argumento para que, el TS, decidiera reabrir el caso, basta que se siga la trayectoria de los indultados durante el tiempo que han permanecido en libertad, fuera de la prisión, y hayan podido comprobar cuál ha sido su conducta que, en nada, han variado en lo que respeta a su lucha por la independencia de los catalanes y cuales han sido sus manifestaciones a través de la prensa o actos públicos. Ninguna de las premisas para la concesión de la medida de gracia, concurrieron entonces y siguen sin concurrir, para que el Gobierno cometiera semejante cacicada, de ingrata memoria.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie,  no vemos por ninguna parte aquella justificación que vienen haciendo los socialistas, respecto a lo que definen como “utilidad” de la medida que se tomó, al indultar a los separatistas. ¿Utilidad para quién? No será, a la vista de los resultados de aquella operación, por lo que se refiere a cesar en la lucha separatista. Tampoco por los resultados ya que, si hoy en día están los ánimos, aparentemente, más calmados en Cataluña, se debe a que la influencia del separatismo en el Gobierno de España es manifiesta y, por otro lado, sabenque, si entran el centro o las derechas en un nuevo gobierno, ellos van a salir especialmente perjudicados. ¿Qui prodest? Pues es evidente que quién ha salido beneficiado al mantener el apoyo parlamentario del grupo separatista ha sido, específicamente, el señor Pedro Sánchez y todo su grupo socio-comunista.

Lo que nos queda por ver sólo Dios lo sabe, pero a la vista de lo que ya conocemos, no nos cabe duda de que no vamos a acabar de sorprendernos cada vez más por lo que la política nacional y europea nos va a llevar de sobresalto en sobresalto.

El matemático, físico y filósofo Blaise Pascal nos legó el siguiente pensamiento: “La justicia sobre la fuerza es la impotencia, la fuerza sin justicia es tiranica”. ¡Cuanta razón encierran estas sencillas palabras!