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Necesitamos un estándar universal de justicia, desde Ucrania hasta Afganistán

Las llamadas ”reglas de enfrentamiento” se pasan constantemente por alto en la violencia y la barbarie de la guerra que todo lo consume
Amy Goodman
@DemocracyNowEs
lunes, 11 de abril de 2022, 08:49 h (CET)

A principios de abril, salió a la luz un impactante video que revela el brutal asesinato de civiles por parte de un ejército de ocupación. Pero es un video del año 2010, no de 2022; los sucesos que muestra sucedieron en Irak, no en Ucrania y los soldados eran estadounidenses, no rusos. El 5 de abril de 2010, el sitio web de denuncias Wikileaks divulgó un video militar clasificado de Estados Unidos al que denominó “Asesinato colateral”. Había sido filmado el 12 de julio de 2007 desde un helicóptero de artillería Apache de las fuerzas armadas estadounidenses que estaba disparando contra una multitud de personas en la ciudad de Bagdad. En el ataque murieron dos empleados de la agencia de noticias Reuters que se encontraban en la calle, justo debajo del helicóptero, y al menos otras ocho personas; dos menores resultaron gravemente heridos. En el video también se puede oír cómo los soldados estadounidenses se ríen y profieren insultos mientras cometen la masacre, así como transmisiones de radio que autorizan los ataques desde la cadena de mando. Al final, solo se procesó a un militar estadounidense por este hecho: la soldado del Ejército Chelsea Manning fue juzgada por un tribunal militar, no por participar en ese ataque contra civiles, sino por revelarlo al mundo.


El video “asesinato colateral” y la serie de documentos que Manning subió a Wikileaks —registros clasificados de las guerras de Irak y Afganistán— describen, en una jerga militar fría, numerosas atrocidades cometidas por Estados Unidos.


En los doce años que han transcurrido desde que se publicó el vídeo, varios conflictos bélicos —y los crímenes inevitables que los acompañan— han hecho estragos en diversas partes del mundo, desde el Congo hasta Sudán, desde Etiopía y Tigray hasta Libia, desde Yemen hasta Birmania y Papúa Occidental, por nombrar solo algunos. En Ucrania, hay un nivel de registro sin precedentes en vídeo y fotografía, así como en imágenes satelitales y de drones que se publican de manera instantánea y se comparten a nivel mundial.


Las imágenes de cuerpos de civiles tendidos en las calles de Bucha, una localidad en las afueras de Kiev, muchos de ellos ejecutados con las manos atadas a la espalda, han conmocionado al mundo entero. Numerosos hospitales han sido bombardeados en todo el país, al igual que refugios para la población civil. Además, Rusia ha sido acusada de desplegar minas terrestres antipersona, un tipo de mina de última generación que no explota solo cuando se la pisa, sino simplemente cuando una persona camina cerca de ella. Según se informa, también hay combatientes ucranianos que han cometido crímenes de guerra contra prisioneros rusos y presuntos colaboradores.


Las llamadas ”reglas de enfrentamiento” se pasan constantemente por alto en la violencia y la barbarie de la guerra que todo lo consume. Las fuerzas armadas estadounidenses y de la coalición hicieron caso omiso de esas normas en Afganistán, como lo documentan las revelaciones de Manning a Wikileaks y lo corroboran a menudo periodistas e investigadores de derechos humanos. Si es que alguna vez alguien rinde cuentas por cometer estas atrocidades, serán apenas unas pocas personas.


La cofundadora de la organización pacifista CodePink, Medea Benjamin, quien recientemente viajó a Afganistán como parte de una delegación de mujeres estadounidenses, dijo esta semana a Democracy Now!: “Lamentablemente Estados Unidos no permite que la Corte Penal Internacional investigue los posibles crímenes de guerra cometidos por las fuerzas armadas estadounidenses en Afganistán, y hubo muchos. Estados Unidos ni siquiera integra este órgano judicial internacional. Sería bueno lograr que se juzgue a quienes nos llevaron a esta guerra en Afganistán”.


Recientemente, el presidente Biden reafirmó sus acusaciones contra Vladimir Putin y volvió a calificarlo de criminal de guerra. Muchos líderes mundiales se han pronunciado de manera similar. Desde su fundación en la década de 1990, el lugar al que convencionalmente se recurre para investigar y juzgar los crímenes de guerra es la Corte Penal Internacional, un tribunal creado por el Estatuto de Roma que tiene actualmente 123 países signatarios. Estados Unidos ha rechazado de manera sistemática la ratificación formal del organismo, al igual que Rusia. Ucrania tampoco es parte de la Corte, pero le ha otorgado cierta jurisdicción para investigar eventos ocurridos dentro de su territorio desde finales de 2013. Estos eventos incluyen las protestas conocidas como “Euromaidan”; el derrocamiento del Gobierno prorruso, seguido de la anexión de Crimea por parte de Rusia; el conflicto militar en curso en la región de Dombás; y la actual invasión rusa de Ucrania.


La creciente retórica de Biden contra Putin seguirá sonando a palabras huecas mientras Estados Unidos continúe rechazando la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. En junio de 2020, el predecesor de Biden, Donald Trump, llegó incluso a sancionar a altos funcionarios de la Corte, impidiéndoles el ingreso a Estados Unidos. El entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, calificó al órgano judicial como una “institución completamente disfuncional y corrupta”. Esta reacción del Gobierno de Trump se desencadenó por la investigación que el organismo estaba llevando a cabo sobre posibles crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Afganistán. Biden ha hecho bien en levantar las sanciones absurdas impuestas contra los funcionarios de la Corte. Sin embargo, mientras promueve el enjuiciamiento de Putin por crímenes de guerra, aún se niega a someterse a la autoridad de la Corte Penal Internacional.


Necesitamos un estándar universal de justicia para que los perpetradores de crímenes de guerra, donde quiera que ocurran, rindan cuenta de sus actos. Estados Unidos debe unirse a la mayoría del mundo, ratificar el Estatuto de Roma y respetar la autoridad y jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

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