“Pienso que es un criminal de guerra”. Así calificó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a su homólogo ruso, Vladimir Putin. Biden hizo estas declaraciones el miércoles en respuesta a la pregunta que le formuló una periodista luego de un evento en la Casa Blanca. Más temprano ese mismo día, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en un fallo sobre una demanda presentada por Ucrania, había ordenado a Rusia “suspender de inmediatamente las operaciones militares que iniciadas el 24 de febrero de 2022 en el territorio de Ucrania”. El dictamen fue aprobado por trece votos a favor y dos en contra, emitidos por los jueces que conforman el tribunal en representación de Rusia y China. 

Ese mismo día, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, visitó Polonia y Ucrania como parte de su investigación sobre posibles crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio cometidos en Ucrania. La investigación de Khan pasó por alto el proceso habitual de autorización de ese organismo con sede en La Haya, que suele durar varios meses, dado que 39 países miembros de la Corte solicitaron una acción acelerada al respecto.

El Estatuto de Roma, el tratado de la ONU que rige la Corte Penal Internacional, tiene 123 países signatarios, pero ni Rusia ni Estados Unidos se encuentran entre ellos; ambos países rechazan la jurisdicción del órgano judicial internacional. Ucrania tampoco es parte de la Corte, pero le ha permitido al organismo investigar eventos ocurridos dentro de su territorio desde noviembre de 2013 en adelante, entre ellos, las violentas protestas conocidas como “Euromaidan” y el consiguiente conflicto armado que se desarrolló en la región de Dombás.

El fiscal Khan dijo en un comunicado: “Quiero enviar un mensaje claro. Si existen ataques dirigidos de manera deliberada contra la población civil, ese es un crimen que mi Oficina puede investigar y llevar ante el tribunal. Si los ataques se dirigen intencionalmente contra bienes de carácter civil, incluidos los hospitales: ese también es un delito que mi oficina puede investigar y llevar ante el tribunal”.

Los relatos de la impactante brutalidad de la invasión aumentan a diario. En la ciudad de Mariúpol, un hospital materno-infantil fue bombardeado la semana pasada. Esta semana, también en Mariúpol, fue atacado el Teatro Regional de Donetsk. El teatro estaba siendo utilizado como refugio por cientos de civiles, incluidos niños y niñas. Los ataques rusos contra la población civil ucraniana han sido crueles e implacables, y han incluido el uso de bombas de racimo. Se estima que miles de civiles han muerto desde el inicio de la invasión y que más de tres millones de personas han huido de Ucrania. Unicef calcula que cada segundo un niño o niña se convierte en refugiado desde que comenzó la guerra.

Poco después de que Biden calificara a Putin de criminal de guerra, su Gobierno se retractó de la declaración. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, y la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijeron que Biden estaba “hablando desde el corazón” y que el proceso oficial del Gobierno estadounidense para evaluar la posible existencia de crímenes de guerra estaba en curso.

Hay buenas razones para que las autoridades de Washington sean cautelosas antes de denunciar crímenes de guerra. Si el hombre que dirige el Kremlin puede ser acusado de crímenes de guerra por ordenar una invasión ilegal, ¿qué impide que el hombre que dirige la Casa Blanca sea acusado por hacer lo mismo? El expresidente de Estados Unidos George W. Bush hizo precisamente eso en 2003. Sin embargo, Bush dijo en un comunicado el 24 de febrero: “Me uno a la comunidad internacional para condenar la invasión no provocada e injustificada de Ucrania por parte de Vladimir Putin”.

El historiador Andrew Bacevich algo sabe sobre la guerra. Fue oficial del Ejército de Estados Unidos en Vietnam. Su hijo, también oficial del Ejército estadounidense, resultó muerto en Irak en 2007.

En conversación con Democray Now!, el profesor Bacevich dijo recientemente: “Ni por un instante quisiera minimizar los horrores que actualmente se están desarrollando en Ucrania, ni las muertes , ni las heridas infligidas a la población no combatiente. […] Pero, seamos realistas, esas cifras son minúsculas en comparación con la cantidad de personas que murieron, fueron desplazadas o resultaron heridas como consecuencia de las guerras estadounidenses en Irak y Afganistán. 

Según el proyecto investigativo Costs of War de la Universidad de Brown, las invasiones de Estados Unidos a Afganistán e Irak provocaron alrededor de 900.000 muertes. Entiendo que los estadounidenses no quieran hablar de eso ni recordarlo y que la élite política quiera dejarlo atrás. Pero hay una dimensión moral de la guerra en Ucrania que debería despertar un sentido de humildad en nosotros a la hora de señalar con el dedo a otras personas”.

De hecho, la propia embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, tuvo que editar los comentarios que realizó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 2 de marzo. En el discurso original, Thomas-Greenfield dijo: “Hemos visto videos de las fuerzas armadas rusas trasladando hacia Ucrania armas excepcionalmente letales que no tienen cabida en los campos de batalla. Esto incluye municiones de racimo y bombas termobáricas, que están prohibidas por la Convención de Ginebra”.

La frase “que no tienen cabida en los campos de batalla” se eliminó de la transcripción del discurso de la embajadora, para ajustar la sintonía a la negativa de Estados Unidos a firmar la Convención sobre Municiones de Racimo. Estados Unidos usó bombas de racimo en Vietnam, Laos, Camboya, Irak y, más recientemente, en Yemen, donde un ataque estadounidense con ese tipo de municiones provocó la muerte de 55 personas en 2009.

Si el derecho internacional ha de valer para algo, debe aplicarse de manera equitativa. Nadie está por encima de la ley, ni en Rusia, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro lugar del mundo. Estados Unidos debe unirse al mundo civilizado y firmar los tratados internacionales referidos a la Corte Penal Internacional, las municiones de racimo y las minas terrestres.