Estados Unidos parece estar avanzando lentamente hacia la normalidad a medida que aumenta la administración de vacunas contra la COVID-19 y luego de las recientes recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que indican que las personas vacunadas pueden hacer actividades al aire libre sin necesidad de usar mascarilla. Sin embargo, muchas legislaturas estatales del país están intentando que un aspecto de nuestra sociedad no vuelva a la normalidad: la protesta social. Sacudidas por la potencia y la intensidad de las protestas contra el racismo sistémico y la brutalidad policial que estallaron a raíz del asesinato de George Floyd a manos de la policía de la ciudad de Mineápolis en 2020, las legislaturas estatales controladas por los republicanos están aprobando leyes específicamente dirigidas a criminalizar la protesta y restringir el derecho a disentir. Al mismo tiempo, y de manera escalofriante, muchas de estas leyes incluyen disposiciones que legalizan el uso de la violencia contra los manifestantes y otorgan inmunidad a las personas que atropellen con sus vehículos a los manifestantes.

“Estas son leyes realmente extremas”, expresó Nick Robinson, asesor legal del Centro Internacional de Derecho sin Fines de Lucro, en una entrevista con Democracy Now!. “Por ejemplo, en el estado de Florida, conforme a esta nueva ley, si estás con 25 o más personas o si estás obstruyendo el tráfico, estarías cometiendo un delito grave o un delito de desorden público agravado y podrías enfrentar hasta 15 años de cárcel… Y cinco años en prisión si causas daño a un monumento. De acuerdo a la ley de Florida, el solo hecho de manchar un monumento confederado implica un cargo sumamente grave”.

“Están anunciando el comienzo de la temporada. Es una licencia para cazar”, dijo Susan Bro a Democracy Now! La hija de Bro, Heather Heyer, fue asesinada el 12 de agosto de 2017 mientras se manifestaba de forma pacífica contra la marcha supremacista blanca “Unite the Right” realizada en la ciudad de Charlottesville, estado de Virginia. James Alex Fields Jr., un neonazi de 24 años, arremetió con su auto contra la multitud de manifestantes antirracistas, y mató a Heather e hirió al menos a otras 35 personas. Susan Bro dirige ahora la Fundación Heather Heyer, creada en memoria de su hija, una fundación que proporciona becas a estudiantes que trabajan por la justicia social.

El asesino de Heather Heyer cumple actualmente en prisión dos sentencias de cadena perpetua. Susan Bro dijo que revive el ataque letal a su hija todos los días:

“Los amigos de Heather volaron por el aire. El joven caballero cuyo zapato terminó colgado del parachoques delantero del automóvil era uno de los amigos de Heather, Marcus Martin. Martin estaba detrás de ella, pero había dos personas entre ambos. Al momento del incidente, atinó a alargar la mano y a apartar a [su prometida], Marissa, del camino. [El joven] se ha lamentado una y otra vez de no haber podido hacer lo mismo con Heather. Yo le dije siempre: ‘Marcus, no podías ayudar en eso’. Tengo una fotografía que muestra la fracción de segundo previa al momento en el que [el conductor] atropella a Heather. He visto imágenes de él embistiendo a Heather, pero mi cerebro no lo puede asimilar, ni siquiera ahora. Es increíble decir que eso no es un crimen, que no es un delito… ¿Desde cuándo permitimos que la gente se convierta en juez, jurado y verdugo? Porque eso es lo que esto significa: vamos a cazar manifestantes”.

La serie actual de leyes contra el derecho a manifestación sigue la misma línea de las leyes que cobraron impulso a raíz de las masivas protestas lideradas por comunidades indígenas contra el oleoducto Dakota Access en 2016. Desesperados por evitar otras protestas masivas de ese tipo, muchos estados han promulgado leyes de “protección de oleoductos”, que criminalizan el tipo de desobediencia civil no violenta que está en el centro de la resistencia de la tribu sioux de Standing Rock. Pero no son solo los republicanos los que están impulsando este tipo de leyes. La gobernadora demócrata de Kansas, Laura Kelly, promulgó recientemente una ley que prohíbe el ingreso a áreas próximas a tuberías y a otras “instalaciones de infraestructura crítica”. Kansas es uno de los 16 estados donde los republicanos tienen una mayoría a prueba de veto en la legislatura estatal.

La agencia Associated Press informó que el proyecto de ley de Kansas “fue presentado a pedido de la Asociación Estadounidense de Productores de Combustibles y Petroquímicos (AFPM, por sus siglas en inglés)”. Las industrias del petróleo, el gas y otras industrias contaminantes, así como también algunos otros grupos empresarios, están impulsando muchas de estas leyes antiprotesta, con la ayuda del Consejo Estadounidense de Intercambio Legislativo, o ALEC, por sus siglas en inglés, uno de los principales grupos de lobby de derecha del país.

La protesta social ha sido el motor que ha impulsado todos los cambios sociales significativos en Estados Unidos. El derecho a disentir está consagrado en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Estas peligrosas leyes que vulneran el derecho a la protesta a lo largo y a lo ancho del país deben ser resistidas y revocadas.