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Etiquetas | Fernando Grande-Marlaska | GOBIERNO | Audiencia | Justicia
La prensa en general y los que opinan sólo se fijan en la personalidad del ministro, su situación y preparación como exjuez de la Audiencia Nacional

Barrera a Marlaska, como broza

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“La esposa de César no solo debe ser honesta, sino parecerlo”. Fue el motivo que usó el romano Cayo Julio César para divorciarse de Pompeya, sin entrar en detalles sobre culpas o inocencias. Dos milenios después, Concepción Arenal, gallega, evitó el detalle con dos sentencias: “Cuando la culpa es de todos, no es de nadie”, “Odia al delito y compadece al delincuente”. Aunque distanciados en el tiempo, el romano y la gallega tienen algo en común: Separan las consecuencias de los actos de los individuos y lo que puedan merecer de un algo que no precisan. Julio César, radical, relega al individuo; Concepción Arenal, condescendiente, diluye culpas y separa delito y delincuente. Ambos, cada uno en un momento de la historia y con hábitos y educaciones dispares, entienden que hay algo distinto al individuo y superior a él que se debe preservar y tutelar: Bien común, afán de justicia, o interés general del Estado en cualquiera de sus formas.


Junto a la pandemia que preocupa al mundo, en España estamos ante un accidente desgraciado que afecta a nuestro Estado de Derecho: La sentencia de la Audiencia Nacional sobre el cese del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos, que pone al aire algunas de las miserias del Ministerio del Interior y la forma de hacer de su titular Fernando Grande-Marlaska. La dureza de la sentencia y las opiniones sobre ella son titulares de periódicos: “El juez impone a Marlaska readmitir a Pérez de los Cobos” (ABC). “PP, Vox y Ciudadanos piden la dimisión de Marlaska por la sentencia sobre el cese de Diego Pérez de los Cobos” (El Mundo). “El juez anula por ilegal la destitución del coronel Pérez de los Cobos” (El País). “Fernando Grande-Marlaska, el juez juzgado” (La Razón). 


La prensa en general y los que opinan, puede que por la premura del asunto, sólo se fijan en la personalidad del ministro, su situación y preparación como exjuez de la Audiencia Nacional, lo que merece su comportamiento y los avatares debidos al proceso judicial, a su situación en el Gobierno, y (muy de pasada) al peligro que entraña el suceso en relación con la pérdida de confianza en la justicia.


No es momento, ni va de acuerdo con la corriente de opinión, separar a Marlaska y lo que ha hecho, del  bien común, el afán de justicia, o del interés general del Estado en cualquiera de sus formas. No voy a hacerlo. Que actúe la justicia para compensar a la sociedad de los perjuicios que haya soportado. Que el presidente del Gobierno decida lo que crea, en defensa del interés de todos (si le importa); o en beneficio de sí mismo, el gobierno de coalición que preside, los partidos que sostienen a su gobierno, o para mantener unas castas en las que se asienta el tinglado partidista actual.


Con lo anterior sentado, hay algo importante que conviene preservar y tutelar: El Estado de Derecho que nos hemos dado y conviene mantener. Sin las taras, vicios, servidumbres y defectos que nacen y se alimentan con comportamientos como el que enjuicia la Sentencia de la Audiencia Nacional de marras. Actuará la justicia, como deba y pueda. Y el Presidente del Gobierno, con el aparato del Estado o sin él, es posible que trate de reparar perjuicios (si los ve y quiere) para conservar con un cierto orden, siquiera aparente y controlado, los beneficios de la casta que hay en los partidos políticos. Pero hay algo más que es peligroso no hacer: permitir que sólo se haga lo anterior.


Lo conocido a través de la sentencia demuestra que hay una forma de hacer, mal hacer, en este caso asociado al juez Marlaska devenido en Ministro de Justicia, que ensucia nuestra convivencia, daña al Estado y nos afecta a todos.


Por ello, no basta con cumplir sentencias judiciales o esperar acciones de gobierno. Es necesario, pero lo es más eliminar de la actividad pública nacional todo lo que ha propiciado, permite y conduce a comportamientos y hechos como los vistos en el accidente desgraciado.


¿Echar a los leones, encerrar de por vida a los transgresores, borrar de nuestras calles a los supuestamente delincuentes? En democracia, lo previsto es que el Parlamento dicte leyes y que la justicia las aplique para remediar entuertos.


Dimisión, destitución o corrida a gorrazos. Allá cada cual. Mientras tanto, como es necesario y urgente actuar, parece oportuno empezar pidiendo que salga de la política nacional lo que hoy simboliza el ministro del Interior. No esconderlo bajo la alfombra, sino verlo como la broza (desecho o desperdicio) que es y obrar en consecuencia. En forma coloquial: Barrer a Marlaska, como broza.

Barrera a Marlaska, como broza

La prensa en general y los que opinan sólo se fijan en la personalidad del ministro, su situación y preparación como exjuez de la Audiencia Nacional
José Luis Heras Celemín
sábado, 10 de abril de 2021, 13:44 h (CET)

“La esposa de César no solo debe ser honesta, sino parecerlo”. Fue el motivo que usó el romano Cayo Julio César para divorciarse de Pompeya, sin entrar en detalles sobre culpas o inocencias. Dos milenios después, Concepción Arenal, gallega, evitó el detalle con dos sentencias: “Cuando la culpa es de todos, no es de nadie”, “Odia al delito y compadece al delincuente”. Aunque distanciados en el tiempo, el romano y la gallega tienen algo en común: Separan las consecuencias de los actos de los individuos y lo que puedan merecer de un algo que no precisan. Julio César, radical, relega al individuo; Concepción Arenal, condescendiente, diluye culpas y separa delito y delincuente. Ambos, cada uno en un momento de la historia y con hábitos y educaciones dispares, entienden que hay algo distinto al individuo y superior a él que se debe preservar y tutelar: Bien común, afán de justicia, o interés general del Estado en cualquiera de sus formas.


Junto a la pandemia que preocupa al mundo, en España estamos ante un accidente desgraciado que afecta a nuestro Estado de Derecho: La sentencia de la Audiencia Nacional sobre el cese del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos, que pone al aire algunas de las miserias del Ministerio del Interior y la forma de hacer de su titular Fernando Grande-Marlaska. La dureza de la sentencia y las opiniones sobre ella son titulares de periódicos: “El juez impone a Marlaska readmitir a Pérez de los Cobos” (ABC). “PP, Vox y Ciudadanos piden la dimisión de Marlaska por la sentencia sobre el cese de Diego Pérez de los Cobos” (El Mundo). “El juez anula por ilegal la destitución del coronel Pérez de los Cobos” (El País). “Fernando Grande-Marlaska, el juez juzgado” (La Razón). 


La prensa en general y los que opinan, puede que por la premura del asunto, sólo se fijan en la personalidad del ministro, su situación y preparación como exjuez de la Audiencia Nacional, lo que merece su comportamiento y los avatares debidos al proceso judicial, a su situación en el Gobierno, y (muy de pasada) al peligro que entraña el suceso en relación con la pérdida de confianza en la justicia.


No es momento, ni va de acuerdo con la corriente de opinión, separar a Marlaska y lo que ha hecho, del  bien común, el afán de justicia, o del interés general del Estado en cualquiera de sus formas. No voy a hacerlo. Que actúe la justicia para compensar a la sociedad de los perjuicios que haya soportado. Que el presidente del Gobierno decida lo que crea, en defensa del interés de todos (si le importa); o en beneficio de sí mismo, el gobierno de coalición que preside, los partidos que sostienen a su gobierno, o para mantener unas castas en las que se asienta el tinglado partidista actual.


Con lo anterior sentado, hay algo importante que conviene preservar y tutelar: El Estado de Derecho que nos hemos dado y conviene mantener. Sin las taras, vicios, servidumbres y defectos que nacen y se alimentan con comportamientos como el que enjuicia la Sentencia de la Audiencia Nacional de marras. Actuará la justicia, como deba y pueda. Y el Presidente del Gobierno, con el aparato del Estado o sin él, es posible que trate de reparar perjuicios (si los ve y quiere) para conservar con un cierto orden, siquiera aparente y controlado, los beneficios de la casta que hay en los partidos políticos. Pero hay algo más que es peligroso no hacer: permitir que sólo se haga lo anterior.


Lo conocido a través de la sentencia demuestra que hay una forma de hacer, mal hacer, en este caso asociado al juez Marlaska devenido en Ministro de Justicia, que ensucia nuestra convivencia, daña al Estado y nos afecta a todos.


Por ello, no basta con cumplir sentencias judiciales o esperar acciones de gobierno. Es necesario, pero lo es más eliminar de la actividad pública nacional todo lo que ha propiciado, permite y conduce a comportamientos y hechos como los vistos en el accidente desgraciado.


¿Echar a los leones, encerrar de por vida a los transgresores, borrar de nuestras calles a los supuestamente delincuentes? En democracia, lo previsto es que el Parlamento dicte leyes y que la justicia las aplique para remediar entuertos.


Dimisión, destitución o corrida a gorrazos. Allá cada cual. Mientras tanto, como es necesario y urgente actuar, parece oportuno empezar pidiendo que salga de la política nacional lo que hoy simboliza el ministro del Interior. No esconderlo bajo la alfombra, sino verlo como la broza (desecho o desperdicio) que es y obrar en consecuencia. En forma coloquial: Barrer a Marlaska, como broza.

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