Parecen dos temas que no están, en principio, relacionados, pero se pueden realizar algunos comentarios sobre ambos. El escándalo de la evasión fiscal de los clientes del conocido banco británico HSBC saltó a los medios hace unos años, gracias a Hervé Falciani, pero sigue de actualidad. Las cifras son muy elevadas, ya que el listado de nombres incluye más de 106.000 clientes, y supone más de 78.000 millones de euros.

Ciertamente, el propio HSBC ya ha reconocido la culpa, y dice que va a aumentar los controles internos, para evitar que se oculten fondos al fisco. Incluso la filial suiza de este banco no va a admitir a los clientes que no cumplan con unas exigencias rigurosas, para no caer en la criminalidad financiera. El hecho de que 4.000 personas relacionadas con España tuvieran cuentas en esta entidad financiera británica produce dudas, aunque partiendo de la presunción de inocencia, y de la investigación de la Agencia Tributaria, que ya ha tomado las correspondientes decisiones al respecto.

Lo que parece evidente es que los bancos deben ser investigados, profundamente, por organismos o instituciones independientes, puesto que es una de las mejores maneras de garantizar la solvencia, y las buenas prácticas de los bancos. Ya que siempre deben estar ajustadas a lo que marcan las leyes tributarias. Porque, si el control se hace desde los mismos bancos, la transparencia, y la rigurosidad en el detalle de las operaciones bancarias son, difícilmente logrables, y la objetividad puede ser dudosa.

Las conclusiones, a mi juicio, son claras: o se controla de un modo mucho más extenso y minucioso a todos los bancos sean españoles o europeos y, especialmente, a la banca suiza, o las consecuencias seguirán siendo parecidas, probablemente, en el futuro.

Y además de esta cuestión, también está de plena actualidad el tema del riesgo de pobreza o exclusión en España. Las conclusiones de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, aunque se refieran a 2013, son tremendas. Uno de los datos del cuarto informe de El estado de la pobreza dice que: la pobreza grave ya afecta a tres millones de personas, y cinco millones más sufren exclusión social extrema. Además el 27 por ciento de la población española está en riesgo de pobreza o exclusión. No es extraño que el informe, en su parte final, insista en la necesidad de una política económica de redistribución efectiva, para que no se produzca pérdida del Estado de Bienestar.

Contrasta, fuertemente, esto último con lo relativo a la evasión fiscal, la economía sumergida, la precariedad laboral, el alto nivel de paro, etc. Existen soluciones aunque sean graduales a estos problemas. Lo que hace falta, en mi opinión, es tomar las mejores decisiones, con la ayuda y colaboración de los mayores expertos en cuestiones económicas y sociales, etc. Y se deben abordar actuaciones prioritarias para atender, adecuadamente, a los colectivos de ciudadanos más afectados por la crisis. El estado debe promover e impulsar una mayor igualdad social, pero no, únicamente, sobre el papel, sino en la propia realidad social que conforman los ciudadanos. Y esto se consigue con políticas redistributivas y compensatorias, mientras el crecimiento de la economía no sea suficiente para hacer más.