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Etiquetas:   Coronavirus   Política española   CONGRESO DE LOS DIPUTADOS  

La Ley Celáa, un engendro contra la enseñanza en España

“Enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo” Paulo Freire
Miguel Massanet
jueves, 5 de noviembre de 2020, 10:11 h (CET)

Los españoles de a pie no somos expertos en cantidades macroeconómicas, no tenemos datos suficientes para poder juzgar con exactitud una situación económica o nos falta, seguramente, la preparación técnica para poder juzgar el alcance total de una pandemia como la Covid 19 algo que, evidentemente, sólo debería estar en manos de los expertos sanitarios y de los científicos especialistas en esta clase de enfermedades contagiosas. Sin embargo, nadie puede pensar que los ciudadanos no tenemos suficiente sentido común, que no vemos con claridad lo que acontece a nuestro alrededor o que no somos capaces de saber lo que nos favorece o lo que nos perjudica sin necesidad de que venga algún ministro del Gobierno a explicárnoslo o, lo que aún es peor, a intentar que nos traguemos cualquier sapo político que les interese a aquellos que ostentan el poder y que tienen pánico a que se les pueda escapar de las manos.

En este contexto no podemos menos que sentirnos alarmados ante una serie de hechos que, desgraciadamente, se vienen produciendo con demasiada frecuencia que nos hacen dudar seriamente sobre la legalidad y la legitimidad de diversas actuaciones del Gobierno y de algunos colectivos e instituciones directamente relacionados con él. Uno de ellos verdaderamente singular el desprecio que ha demostrado el señor Pedro Sánchez respeto al uso del “Estado de alarma” y a la frivolidad con la que lo ha estado aplicando haciendo de su capa un sayo, utilizándolo según le ha convenido a sus intereses partidistas y personales, olvidándose que se trata de una medida extrema, que está relacionada directamente con los derechos fundamentales de los españoles y que tiene unas limitaciones claras impuestas, precisamente, por nuestra Carta Magna.

La falta de respeto por los derechos de los ciudadanos y las normas constitucionales de este gobierno con el que nos ha tocado bregar, se está convirtiendo en algo proverbial, de tal manera que cada vez son más frecuentes las arbitrariedades, los incumplimientos de las leyes, las interpretaciones claramente espurias de determinados textos legales, las cacicadas de tipo totalitario y los resabios sectarios de ciertos ministros, que no parece que se den cuenta de que tienen limitaciones, que están sujetos al imperativo de la Ley y que, el ocupar un cargo de tanta responsabilidad en la Administración del Estado no significa que tengan patente de corso para hacer todo aquello que deseen, aunque ello signifique saltarse a la torera aquellas leyes plenamente vigentes que el Estado de derecho tienen establecidas para todos los españoles.

Y como para muestra basta un botón, el ejemplo de estas arbitrariedades de nuestros gobernantes lo tenemos a la vuelta de la esquina cuando el señor Pedro Sánchez ha decidido motu propio, manu militari, que puede prescindir del Parlamento, ocupar el puesto de los jueces y tomar decisiones tan atrabiliarias como ha sido establecer, de un plumazo, un estado de alarma por un periodo de 6 meses sin necesidad de recabar la aprobación del Parlamento cada 15 días como se establece para el caso de la primera prórroga. Se olvida nuestro Presidente, no sabemos si por ignorancia, autocracia, soberbia o, incluso, despotismo, de que se trata de una limitación del derecho de los ciudadanos a la movilidad, a decidir sobre sus vidas y a actuar con independencia algo que, por lo que representa y está especificado como derecho fundamental en el Título I de nuestra Constitución, en los artículos 19, 21,25,53 y 55, en los que se trata, respectivamente, de los derechos y deberes de los españoles y en los casos excepcionales en los que, siempre con carácter extraordinario y de forma restrictiva se pueden suspender, por parte del Gobierno, las libertades de los ciudadanos en los términos previstos en nuestra constitución.

Yendo de ilegalidad en ilegalidad, de incumplimiento en incumplimiento, de desconocimiento de la jurisprudencia, de desprecio por los representantes de los ciudadanos y de los partidos de la oposición, el señor Sánchez y sus ministros, por medio del procedimiento de abuso de los decretos ley y de los hechos consumados que, aunque sean recurridos ante los tribunales superiores, por el nefasto hecho de la extrema lentitud de la Justicia y de la policitación de quienes tienen la misión de impartirla; con el escándalo de que la fiscalía, dependiente del Gobierno, en este país se ha convertido, en virtud de la potestad de la señora Fiscal General del Estado, señora Dolores Delgado,(una persona que por sus trayectoria, su implicación directa en la política a las órdenes del PSOE, por su talante autoritario y por su falta de escrúpulos a la hora de ordenar a sus subordinados, los fiscales, no parece la más apropiada, ni siquiera la capacitada, para ocupar el cargo que tiene) que no tiene escrúpulos en ordenar actuaciones evidentemente negligentes, cuando no con ciertos tintes de prevaricadoras, que hacen pensar a muchos que, en lugar de ejercer las funciones propias de los fiscales encargados de defender la Justica acusando a ladrones y malhechores; en virtud de las políticas fiscales impuestas por la señora Delgado, más bien parece que se han convertido en sus abogados defensores, en ocasiones llegando a límites verdaderamente vergonzantes.

Mención aparte merece la actitud del propio Congreso de Diputados, convertido en un Sanedrín de las izquierdas, donde la mayoría que refrendó la moción de censura contra el señor Rajoy, ahora y ante el hecho evidente de un Gobierno que ha fracaso rotundamente en cuanto a tomar las medidas para luchar contra la Covid19; que no ha sabido aprovechar el tiempo en que la pandemia pareció relajarse para poner a prueba su capacidad para poner a punto todo el sistema sanitario del país para afrontar, con mayores garantías, la anunciada reaparición prevista para este invierno que, como es sabido, en realidad no ha dejado de afectar a España pese a que el señor Sánchez, en Junio, nos dijo que se había vencido a la enfermedad y que era hora de los pelillos a la mar. De “aquellos polvos, estos lodos” y de aquí se produce, señores, el hecho de que en la actualidad, España se haya vuelto a convertir en la nación donde, en relación con el número de sus habitantes, mayor número de contagios se produzcan. ¿Ha cambiado en algo la forma de nuestro Gobierno de afrontar la enfermedad? En modo alguno, porque lo que ha hecho Pedro Sánchez y los esbirros que lo acompañan, es aprovechar la pandemia para intentar, y conseguir, valiéndose de la situación de alarma, colarnos una serie de leyes que formaban parte de sus intenciones cuando se juntaron con Podemos para gobernar el país.

Un personaje tan sectario, insensible, intratable, demoledor de los derechos de los padres cuando afirmó que “los hijos no pertenecían a sus padres” y obtuso en el mantenimiento de sus ideas comunistoides como es la señora Isabel Celáa, aprovechándose de que la gente está más pendiente de la epidemia del coronavirus que de otras parte de la política nacional, ha hecho que atropelladamente, con la oposición de una gran parte del sistema docente del país, ajena a las firmas que se están consiguiendo, que ya pasan ampliamente de las 100.000 que piden que se rechace semejante basura, si tenemos en cuenta que, entre alguna de sus absurdas conclusiones, está la disparatada idea de que los alumnos puedan pasar al siguiente curso aunque tengan un número elevado de suspensos. Esta idea, que sólo se le puede ocurrir a alguien que no está en sus cabales o que lo que busca es que el país se llene de personas incultas e ignorantes con títulos, para que cuando tengan que enfrentarse a la vida o pretendan ejercer sus profesiones se encuentren con el rechazo de aquellos que podrían requerir sus servicios, por considerarlos incompetentes para ejercer su profesión..

Es tan torpe esta pretensión que, en teoría, pretende favorecer a las clases más humildes que, para cualquier persona medianamente inteligente que pueda pensar en ello, sería evidente que, precisamente por ser personas sin los medios adecuados para poder acudir a las escuelas o universidades privadas, serán los más perjudicados por la Ley debido a que, los que tengan medios para ello, llevarán a sus hijos a las escuelas conocidas como “de pago”, dónde evidentemente no van a permitir que un alumno con varios suspensos pueda acceder al curso superior, entre otras razones, porque hay muchas asignaturas en las que si te falta una base adecuada es imposible pasar a un estadio superior.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no podemos dar crédito a la evidente degeneración de nuestra política, los avances aparentemente incontenibles de las extremas izquierdas a las que no parece que haya nadie en este país, capaz de detener su deriva hacia el caos económico, el desprecio por las leyes, entre ellas la Constitución y el carácter cada vez más dictatorial y totalitario del que da muestras el actual gobierno filocomunista que está al frente de los destinos de España. Y una frase, para finalizar, ad hoc, perteneciente a don José Ortega y Gasset: "Cultura es labor, producción de las cosas humanas; es hacer ciencia, hacer moral, hacer arte"

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