En Estados Unidos, paramilitares vestidos con ropa de camuflaje han estado aterrorizando a la ciudad de Portland, en el estado de Oregón, y han detenido extrajudicialmente a una gran cantidad de personas que protestaban contra el racismo y la brutalidad policial, metiéndolas en camionetas sin identificación oficial con rumbo incierto. Ahora sabemos que estas tropas de choque itinerantes, sin identificación ni insignia, eran agentes federales de una serie de agencias del Gobierno, desplegadas en Portland después de que el presidente Donald Trump emitiera una orden ejecutiva el 26 de junio, un mes y un día después del asesinato de George Floyd por parte de la policía de Minneapolis. La orden de Trump, llamada “Protección de monumentos, memoriales y estatuas estadounidenses y lucha contra la reciente violencia criminal”, es una inconexa diatriba contra los masivos y diversos movimientos de protesta que han sacudido el país tras el asesinato de Floyd y las muertes a manos de la policía de Ahmaud Aubrey, Breonna Taylor, Rayshard Brooks y muchos más.

Podemos contrastar a estos inocentes caídos con los personajes representados en las estatuas que Trump intenta proteger con tanto ahínco: el presidente confederado Jefferson Davis, el General Robert E. Lee, John C. Calhoun, séptimo vicepresidente de Estados Unidos y estridente defensor de la esclavitud, y Roger Taney, magistrado y presidente de la Corte Suprema, que redactó el fallo del llamado “Caso Dred Scott” de 1857 que le negó la ciudadanía a los afroestadounidenses. Sumemos a esta lista las bases militares del sur del país que llevan el nombre de oficiales confederados, sobre las que Trump ha declarado que no serán renombradas mientras estén a su cargo: Benning, Bragg, Hood y otras.

Así como día a día van cayendo más estatuas confederadas y monumentos que celebran la esclavitud y el genocidio, también va cayendo la popularidad de Trump en las encuestas. En respuesta, el presidente está poniendo en práctica su aterradora inclinación por el autoritarismo, desplegando un ejército clandestino en las sombras contra la ciudadanía y criminalizando la protesta mientras lucha por exacerbar la supremacía blanca. Mientras tanto, la pandemia de COVID-19 está en alza en todo el país y Trump ha demostrado una incompetencia total para brindar los recursos federales esenciales, desde equipos de protección personal hasta pruebas de detección del coronavirus y rastreo de contactos, elementos básicos necesarios para contener este virus letal. Recientemente, el gobernador demócrata de Washington, Jay Inslee, resumió la situación: “Me gustaría que [Trump] se preocupara más por los estadounidenses vivos que por los confederados muertos”.

El 16 de marzo, en los inicios de la pandemia, Trump les dijo a los gobernadores de los diferentes estados de Estados Unidos: “Respiradores, ventiladores, todo el equipamiento… intenten conseguirlos ustedes mismos”. Esto dejó a cincuenta gobernadores disputándose entre sí y con el gobierno federal los barbijos, guantes, hisopos para pruebas, reactivos y otros suministros necesarios, lo que hizo elevar los precios y causar una escasez letal. Decenas de miles de personas murieron innecesariamente como consecuencia del incumplimiento del deber de Trump. Esta semana, los senadores Leahy, Durbin, Murray y Tester le escribieron a Trump: “Vimos trabajadores de la salud usando batas hechas con bolsas de basura y reutilizando las mismas mascarillas N95 durante días mientras arriesgaban sus vidas para salvar a otros”. Los senadores exigen saber por qué los aproximadamente 8.000 millones de dólares de los contribuyentes asignados para la respuesta a la COVID-19, específicamente para barbijos, pruebas y otros suministros, siguen sin usarse.

Informes recientes basados en fuentes anónimas de la Casa Blanca sugieren que Trump quiere recortar por completo los fondos destinados a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y los Institutos Nacionales de la Salud para las pruebas de COVID-19 y el rastreo de contactos, lo que enfurece incluso a los republicanos del Senado.

Estados Unidos registra una cuarta parte de los contagios y muertes mundiales por COVID-19, pero tiene menos del 5% de la población mundial. En todo el país, 60.000 personas se encuentran actualmente hospitalizadas con COVID-19 y todos los días mueren mil personas a causa de la enfermedad. La escasez de tapabocas, camas en las unidades de cuidados intensivos y espacio para los muertos en las morgues se está incrementando. Actualmente, sobre una base per cápita, los estados más afectados son Florida, Luisiana, Arizona, Misisipi, Alabama, Nevada, Carolina del Sur, Texas, Idaho, Tennessee y Georgia; esta lista incluye los siete estados confederados originales. Pese al empeoramiento de la catástrofe, los gobernadores republicanos de Florida, Georgia y Arizona, todos firmes aliados de Trump, se niegan a emitir órdenes estatales de uso obligatorio de tapabocas.

Solo siguen a su líder, el presidente Trump, quien tampoco emitirá una orden nacional de tapabocas obligatorio, alegando que respeta a las autoridades estatales y locales. Sin embargo, casi al mismo tiempo, Trump amenaza con enviar un “aluvión” de agentes federales armados a las grandes ciudades de todo el país, en contra de los deseos de esas mismas ciudades y estados. El trabajo del presidente Trump es proteger la seguridad pública. Eso incluye proteger la salud pública, especialmente en este momento de la doble pandemia de COVID-19 y brutalidad policial.

La respuesta en Oregón al escandaloso y probablemente inconstitucional despliegue de agentes federales ha sido rotundamente crítica. La gobernadora Kate Brown denunció que existe una “policía secreta que secuestra personas”, y la fiscal general de Oregón, Ellen Rosenblum, demandó a varias de las agencias federales involucradas. En las calles, cada noche más mujeres se suman al “muro de madres” que protege a los manifestantes. El senador de Oregón Ron Wyden, que describió a los agentes federales como “esencialmente fascistas”, advirtió: “Si en este momento no se marcan los límites, Estados Unidos podría encontrarse bajo una ley marcial en medio del proceso de la elección presidencial”.