El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, dejará al criterio de los fiscales de Cataluña la decisión de interponer o no una querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y varios consellers por la organización del proceso participativo sobre la independencia del 9 de noviembre.

Así se desprende del contenido de la reunión que Torres Dulce ha mantenido este miércoles en la sede de la Fiscalía General con el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, y su número dos, Francisco Bañeres, que se ha prolongado durante una hora y media.

Al término de la reunión, la Fiscalía ha emitido un comunicado en el que señala que "la Fiscalía Superior de Cataluña dará cuenta al fiscal general del Estado de la decisión que adopte en el marco de los principios de legalidad e imparcialidad que rigen la actuación del Ministerio Público".

En el mismo comunicado se precisa que la reunión ha consistido en la "valoración jurídico-penal de los hechos acaecidos en torno al llamado proceso de participación".

Además de los dos fiscales de Cataluña ya mencionados, en la reunión ha estado presente también el jefe de la secretaría Técnica, Jaime Moreno, cuya asistencia ha estado relacionada con la concreción de los aspectos técnicos de la acción penal que se está estudiando presentar contra el presidente de la Generalitat.

Entre sus diligencias, la Fiscalía envió este fin de semana un oficio urgente al director general de los Mossos d'Esquadra para saber la relación de locales en los que se celebró y quiénes eran los responsables de los mismos, y también pidió a la Conselleria de Enseñanza información de si el Govern había ordenado poner a disposición del 9N los centros educativos.

Los fiscales ha tenido a su disposición durante la reunión de esta tarde las comunicaciones remitidas por los Mossos d'Esquadra a la Fiscalía de Cataluña sobre las que se está realizando un análisis técnico para estudiar si de ellas podría derivarse la interposición de la querella.

El anuncio de presentación de la querella realizado ayer en una televisión por la líder del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, que finalmente no se produjo, ha provocado que desde diferentes sectores se hablara de presiones a la Fiscalía, que se encontraría ultimando la presentación de esta acción penal contra Mas y parte de su Gobierno a raíz de las diligencias abiertas la víspera de la denominada consulta alternativa.

Las asociaciones de fiscales han valorado de distinto modo las supuestas presiones que podría estar sufriendo la Fiscalía para adelantar la presentación de la querella. La Asociación de Fiscales cree que éstas no han existido mientras que los independiente (APIF) valoran que se esté aguantando la presión.

El portavoz de la asociación mayoritaria, Emilio Frías, ha señalado a Europa Press que no le consta que haya existido ningún tipo de presión sobre las diligencias abiertas por la Fiscalía de Cataluña, que se siguen investigando. "Juraría que no las ha habido porque no están permitido para ley", ha señalado el portavoz de la asociación conservadora.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, ha indicado que desde este colectivo defienden la "absoluta autonomía de la Fiscalía del gobierno" y que, según las informaciones aparecidas en prensa "parece que la Fiscalía está aguantando y esto es bueno".