El magistrado Esteban Solaz ignora la opinión del presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, José Manuel Marco, y deja a Carlos Fabra en libertad mientras se resuelve su petición de indulto.

La provincia de Castellón está viviendo unos momentos de auténtica esquizofrenia judicial, en los que el protagonista vuelve a ser Carlos Fabra, un político irrepetible, más temido que admirado, que a buen seguro piensa que ‘gobernar’ es sinónimo de ‘mandar’. Quizá por ello ha mandado tanto y con mano de hierro a lo largo de veinte años (1991-2011). Desde 1991, además de como presidente provincial de Partido Popular, en calidad de primer teniente de alcalde de la ciudad de Castellón. Y desde 1995, añadiendo a estos cargos su condición de presidente de la Diputación Provincial.

No sé si está justificado aplicar al personaje la vieja sentencia que establece aquello de que “quien tuvo, retuvo”, pero son muchas las personas que lo dicen al observar las cosas que siguen ocurriendo en la Audiencia Provincial de Castellón.

Recordemos que el pasado 25 de septiembre, el presidente de esta instancia judicial, José Manuel Marco, se reunió con la prensa para mostrar su disconformidad con la decisión del magistrado de la propia Audiencia, Esteban Solaz, de suspender la ejecución de la condena de cuatro años de prisión a Carlos Fabra, por la comisión de cuatro delitos fiscales, hasta que el Gobierno decida si atiende o no la petición de indulto tramitada por el reo. Según Marco, la resolución de Solaz contraviene un acuerdo unánime de todos los magistrados de la Audiencia Provincial de Castellón, de no suspender la ejecución de ninguna condena superior a tres años. Además, asegura Marco, resoluciones de este tipo “no contribuyen al prestigio de la institución judicial”.

A pesar de tan estruendosas manifestaciones, para sorpresa de propios y extraños, unos días más tarde, el 3 de octubre pasado, el magistrado Solaz, desatendiendo los argumentos de su superior jerárquico en la Audiencia Provincial, rechazaba los recursos de súplica interpuestos por la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, para reafirmarse en su decisión inicial de suspender la ejecución de la condena hasta que el Gobierno de Rajoy resuelva la petición de indulto solicitada por Fabra. A este tipo de disfunciones y contradicciones que minan el prestigio de los juzgados, es al que se refería hace tan solo unos días el presidente de la Audiencia Provincial de Castellón.

Ocurriendo este tipo de cosas y teniendo en cuenta que ya llueve sobre mojado, no resulta nada extraño que Claudio, mi vecino del tercero, me preguntara hace tres días si Carlos Fabra era el presidente de la Audiencia Provincial. Todavía desconozco si la pregunta es fruto del desconocimiento o de la ironía. Lo que tengo muy claro es lo que asegura tajante la mayoría de gente de la calle: “que hay una Justicia para Fabra y para el resto de Vips, y otra bien distinta para el común de los mortales”.