El Gobierno adquirirá nuevos equipos informáticos para sustituir a los que han quedado obsoletos con la retirada del programa operativo Windows XP, que se produjo el pasado 8 de abril, y también comprará de forma centralizada nuevas licencias para los ordenadores cuya vida útil "así lo aconseje".

La diputada de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Ascensión de las Heras preguntó hace unos meses por la situación en la que quedarían los equipos informáticos públicos ante la obsolescencia del software, uno de los más implantados en la Administración central y que desde el 8 de abril pasado no cuenta ni con actualizaciones de seguridad ni con parches para errores ni con opciones de soporte técnico.

En estas circunstancias, los sistemas quedan "vulnerables" y expuestos a "riesgos", además de "limitar seriamente la capacidad para aprovechar adecuadamente la potencia del resto de las inversiones en tecnologías de la información" o para "actualizar otros programas de software".

Por eso, la responsable de la coalición preguntaba al Ejecutivo cuántos ordenadores se han visto afectados por la obsolescencia del XP, cuál sería el coste de migrar a otros sistemas operativos, cuánto se paga anualmente a Microsoft por las licencias de uso y si se había planteado impulsar el uso de software libre, en su mayor parte gratuito.

YA SE HAN TOMADO MEDIDAS
En su respuesta, que recoge Europa Press, el Gobierno asegura que desde que se conoció la decisión de la multinacional estadounidense se ha procedido a adquirir de forma "conjunta" nuevos equipos informáticos para sustituir a los ya obsoletos, aunque no se precisa cuántos se han cambiado ni cuánto han costado.

También se ha comprado "de forma centralizada" nuevas licencias para "distribuirlas entre los diferentes departamentos y organismos de la Administración General del Estado para aquellos otros ordenadores y equipos que todavía no resultan obsoletos pero cuya sustitución puede plantearse a medio plazo".

Además, se han comprado licencias de nuevos softwares para sustituir el sistema operativo en los ordenadores cuya vida útil así lo aconsejara, una medida "ya prevista en los acuerdos marco actualmente vigentes".

En cualquier caso, el Gobierno recuerda que la migración de sistema operativo es un proceso "complejo" que "exige que se analicen todas las alternativas posibles con una visión de conjunto". Así, las medidas ya adoptadas suponen "unos primeros pasos para lograr una solución homogénea y coordinada".

UN AÑO MÁS DE CONTRATO
Gracias a todo ello, el Gobierno confía en que "no se produzcan efectos adversos en el ámbito de la Administración", algo que ya había señalado en respuesta a la líder de UPyD, Rosa Díez, a quien aseguró además que se estaba trabajando "intensamente" en este tema "desde hace tiempo" para evitar que se produjeran "perjuicios de difícil reparación".

A la líder de la formación magenta también se le aseguró que se había firmado un contrato con Microsoft para "ampliar durante un año el soporte a Windows XP", por lo que "los posibles problemas que pudieran surgir en ese tiempo se solucionarían por parte del fabricante". Sin embargo, no menciona este acuerdo en la respuesta a Ascensión de las Heras.

Finalmente, con respecto al software libre, el Ejecutivo asegura que siempre que hay que elegir un programa se analiza el coste global de cada proyecto (licencias, mantenimiento, migración, formación, etc.) para elegir "la mejor de las alternativas posibles" entre software libre y comercial.