Desde que el juez Castro tuvo la valentía de imputar a Iñaki Urdangarín, Duque consorte de Palma y yerno de Juan Carlos I Rey del Reino de España, el gran casino nacional de las apuestas comenzó a especular y apostar si al Duque consorte le seguiría alguien más en sus paseíllos por la rampa que conduce a los juzgados palmesanos o sería tan sólo él el chivo expiatorio que con su autoinmolación salvará la casa de Borbón de la vergüenza y el oprobio de ver sentado en el banquillo a uno de sus miembros.

El refranero español dice que dos que duermen sobre el mismo colchón al final acaban siendo y pensando de igual manera, por eso se hacía difícil, muy difícil, creer que Cristina de Borbón, Infanta de España y séptima en la línea de sucesión de la Corona, ignoraba totalmente los presuntos chanchullos, cambalaches y trapisondas económicas que su marido llevaba a cabo desde hacía años. Pero también era impensable ver a una hija del Rey sentada en el banquillo de los acusados achacándole fraude fiscal y blanqueo de dinero como a cualquier esposa de narcotraficante, salvando las distancias de la procedencia del dinero esquilmado a las arcas públicas, en un caso, el de los narcos, viene de la muerte y en otro, el de las prepotencias, proviene de las influencias palaciegas. Pero al fin y al cabo todo es dinero ilícito.

En la primera ocasión el juez Castro vio cómo los poderes fácticos y palaciegos le tumbaban la imputación de la Infanta Cristina. La Audiencia de Palma obediente a las órdenes de la superioridad, vía Madrid, denegó dicha imputación, pero este juez que ya se ha ganado fama de imparcial, correcto y amante de la legalidad no cejó en su empeño y elaboró una nueva imputación en la que en sus 227 folios expresaba las razones legales para que la hija del rey Borbón pasara por el juzgado palmesano para declarar y aclarar sus posibles implicaciones en los cambalaches de su todavía marido.

Esta vez desde Zarzuela y conjuntamente con los abogados de Cristina de Borbón se acordó que la Infanta no eludiera su responsabilidad y acudiera a sentarse en el banquillo. No pasa nada por ello, previamente ya se había untado la maquinaria judicial para salvaguardar el apellido Borbón, desde Mariano Rajoy expresando públicamente su firme convicción de que nada pasaría con esta acusación a la Infanta hasta las órdenes del Fiscal General del Estado, dependiente del Gobierno, para que el fiscal Anticorrupción de Mallorca ejerciera como defensor de la Infanta en lugar de ejercer sus funciones de acusador todo el aparato judicial que depende del Gobierno se arrodilló a los pies de la Infanta. Menos el juez Castro, firme defensor de la justicia y de la ley, que debe ser igual para todos como en uno de sus mensajes navideños proclamó Juan Carlos I.

A bombo y platillo los periodistas áulicos al servicio de la Corona comenzaron a destacar como un signo de democracia, igualdad y de firmeza del Estado de Derecho la presencia de Cristina de Borbón ante el juez. Era la baza que les tocaba jugar y que desde Zarzuela les mandaban jugar. Pero la verdad es que la deposición de la Infanta ante el juez Castro no nos ha aclarado nada, ni tan siquiera el que todos los españoles sean iguales ante la Ley ya que el fiscal se dedicó a ejercer de abogado defensor en lugar de defender los intereses del pueblo español, como marca el Estatuto Fiscal, incluso se enfrentó al juez en su servil defensa de los intereses de la Corona.

Ahora la pelota está en el tejado del juez Castro que se ha tomado unos días para, a la vista de lo poco que ha declarado y aclarado la Infanta, tomar la decisión de seguir manteniéndola como imputada o sobreseer su presencia en el caso. Difícil decisión la que tiene el magistrado ante sí, las presiones no le van a faltar, y van a ser presiones que le llegarán desde altas instancias, pero, aunque nos sea difícil hacerlo, hemos de confiar en la justicia y en administradores de ella como el juez Castro que ha tenido la valentía de, contra viento y marea, sentar por primera vez en un banquillo a un miembro de la familia del Jefe del Estado español.

Aunque tan sólo le haya servido para escuchar cómo al 95 % de las cuatrocientas preguntas efectuada Cristina de Borbón sólo sabía contestar con un “no me consta”, “no lo recuerdo” o un sencillo “no”. Al fin y al cabo está en su derecho de hacerlo, como cualquier otro imputado, incluso como el vulgar “tironero” que para poder comer arrebata un collar casi sin valor del cuello de una pobre anciana. El “tironero” acabará en la cárcel por querer comer o pagarse la dosis diaria de droga mientras, mucho me temo, esta privilegiada Infanta se saldrá de rositas con el simple pago de 600.000 euros, euros que, al fin y al cabo, saldrán de nuestros impuestos o de las trapisondas, chanchullos y cambalaches que su esposo ha llevado a cabo aunque ella, ignorante, no lo supiera pero si se aprovechará.