El pasado fin de semana tuvo lugar en Madrid una nueva edición del Congreso Católicos y Vida Pública, dedicado a la Libertad de educar, que implica necesariamente la libertad para elegir. Parece que cuando se diseñó este Congreso nadie podía sospechar la actualidad y relevancia que iba a tener la reflexión sobre la libertad de educación en España, como ha quedado patente en el debate abierto por las erráticas y provocadoras declaraciones de la Ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá.
El Secretario General de la Conferencia Episcopal apuntaba que la inusitada declaración de la Ministra puede estar relacionada con el anteproyecto de ley de Educación pendiente de tramitación en el Congreso, que suprime el criterio de “demanda social” a la hora de la planificación escolar. Esa propuesta de los socialistas recorta el ejercicio eficaz del derecho de los padres reconocido en el artículo 27 de la Constitución española.
