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Renfe y Adif afrontan este jueves, víspera del puente festivo de Todos los Santos, una jornada de huelga de 24 horas convocada por CGT y el Sindicato Ferroviario en protesta por los proyectos de segregación de las empresas en varias sociedades.
La huelga forma parte de un calendario de movilizaciones anunciado por estos sindicatos y sucederá a las tres jornadas de paros parciales que han llevado ya a cabo entre el lunes y este miércoles.
Con el fin de compatibilizar el derecho a la huelga con el derecho a la movilidad de los ciudadanos, el Ministerio de Fomento ha fijado servicios mínimos que garantizan la circulación del 72% de los trenes AVE Larga Distancia inicialmente programados para estas jornadas.
En el caso de los Cercanías, está asegurado el 50% de los servicios programados, porcentaje que se eleva hasta el 75% en los periodos de hora punta. Para los trenes de Media Distancia el servicio esencial asegura el 63% de las circulaciones.
En el caso de Adif, Fomento incluye en la carta de servicios mínimos al 17,7% de los trabajadores de la plantilla con el fin garantizar que se prestan los servicios básicos para la circulación ferroviaria.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han mantenido un primer encuentro con el objetivo de establecer las líneas de colaboración y los mecanismos necesarios para que los derechos de las personas mayores y con discapacidad mayores estén presentes en el marco de las políticas municipales.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registraron durante 2023 un total de 24.581 denuncias por desaparición que corresponden a 15.126 personas diferentes, según el balance difundido por el Ministerio del Interior. El titular del departamento, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que el ministerio va a empezar a prestar atención psicológica gratuita a los familiares de las personas desaparecidas.
Actualmente, cuando despiden a una persona trabajadora de manera improcedente, ya sea porque se carece de una justificación legal o porque no se ajusta a la legislación vigente, ésta recibe una compensación económica que se establece en 33 días de salario por año trabajado con prorrateo mensual para periodos inferiores a un año y hasta un límite de 24 mensualidades. Pero los sindicatos han considerado que esta indemnización es muy baja.
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