El exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez ha asegurado este jueves en su declaración como imputado ante la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que "todas las irregularidades" de las que alertó la Intervención en relación al sistema por el que se concedían las ayudas sociolaborales "eran de notorio conocimiento" del Consejo de Gobierno andaluz.
Fuentes del caso han informado a los periodistas de que, durante su declaración ante la juez Mercedes Alaya, el que fuera interventor de la Junta entre los años 2000 y 2010 ha asegurado asimismo que "era impensable" que el entonces consejero de Hacienda y actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "no tuviera conocimiento" de las conclusiones plasmadas en los distintos informes de la Intervención General.
En este sentido, el imputado ha hecho mención a varios aspectos significativos que le llevan a afirmar todo lo anterior, como son, en primer lugar, que, en abril de 2003, el Consejo de Gobierno andaluz acordó "que se analizaran los expedientes de las transferencias de financiación", mientras que, en segundo lugar, ha mencionado que la Intervención alertó en 2005 de que "existía un desfase presupuestario de 93 millones" que "trastocaba al presupuesto general" de la Junta.
Por todo ello, ha afirmado que "se puede presumir" que dicho Consejo de Gobierno "aprobó el sistema de junio de 2001", en relación al sistema de transferencias de financiación para pagar las ayudas sociolaborales.
De igual modo, ha revelado que durante el año 2012 se reunió con la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, "para mostrarle su descontento y su protesta más enérgica a las imputaciones políticas que le estaba haciendo el Gobierno andaluz", pero Aaguayo le dijo que el aludido sistema de transferencias de financiación era correcto.
