En primer lugar, considero una utopía eso de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, al menos, no lo somos ante el brazo ejecutor que la aplica. Por otro lado, no pongo en duda que el paso por la prisión debe ser un duro golpe moral y psíquico, pero incluso en la cárcel habrá diferentes grados de comodidad.
El caso es que mientras para unos la ley se convierte en un camino lleno de obstáculos, entresijos y zancadillas que dificultan la solución de un problema, otros gozan de mejores mecanismos, es decir, abogados sin escrúpulos, connivencia de fiscales, el beneplácito de jueces corruptos, amigos en el ministerio o en la Audiencia Nacional, que no tienen reparo en confabularse con el presunto culpable.
La cuestión, es que eso sólo puede suceder en el hipotético caso que usted sea banquero, senador, diputado, o como mucho alcalde, con ello se garantiza entrar y salir de prisión, y en el supuesto de ser condenado, igual le llega el indulto del gobierno. Más tarde, el olvido mediático y social, junto al hastío de la ciudadanía en el sistema judicial harán que todo quede en una simple anécdota.
Los ejemplos son variopintos, los tenemos desde aquellos que pagan fianzas millonarias como el señor Blesa, a los que se sirven de entresijos legales como el señor Barcenas, el señor Fabra, el ex ministro socialista José Blanco, la ex consejera de Hacienda Magdalena Álvarez o el ex sindicalista Juan Lanzas, a quien además ayer la Audiencia Provincial de Sevilla le desbloqueó el embargo de sus cuentas; otros no se cortan en hacer mofa de su paso por la cárcel, como el ex director general de Trabajo de la Junta, el señor Guerrero, que afirmó haber leído 41 libros en dos meses, sólo espero que haya devuelto el carné de la biblioteca de la prisión.
Así que, en España, los bancos, multinacionales, empresas públicas y los impuestos están gestionados por trileros que roban a manos llenas y pasan por la prisión sin devolver un céntimo. Por el contrario, no olvidemos como el mismo sistema democrático otorga el indulto al Kamikace que asesinó a un joven valenciano, eterniza el caso Marta del Castillo, sentencia a etarras a penas de prisión irrisorias, o condena a un vecino a dos años de cárcel o multa de 12.000 euros por recoger hierbas y plantas para infusiones.
La justicia será clara y concisa, pero se aplica de forma irregular e incoherente. Como dice un buen amigo y abogado “en pleitos no te veas, aunque los ganes”.
En primer lugar, considero una utopía eso de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, al menos, no lo somos ante el brazo ejecutor que la aplica. Por otro lado, no pongo en duda que el paso por la prisión debe ser un duro golpe moral y psíquico, pero incluso en la cárcel habrá diferentes grados de comodidad.
El caso es que mientras para unos la ley se convierte en un camino lleno de obstáculos, entresijos y zancadillas que dificultan la solución de un problema, otros gozan de mejores mecanismos, es decir, abogados sin escrúpulos, connivencia de fiscales, el beneplácito de jueces corruptos, amigos en el ministerio o en la Audiencia Nacional, que no tienen reparo en confabularse con el presunto culpable.
La cuestión, es que eso sólo puede suceder en el hipotético caso que usted sea banquero, senador, diputado, o como mucho alcalde, con ello se garantiza entrar y salir de prisión, y en el supuesto de ser condenado, igual le llega el indulto del gobierno. Más tarde, el olvido mediático y social, junto al hastío de la ciudadanía en el sistema judicial harán que todo quede en una simple anécdota.
Los ejemplos son variopintos, los tenemos desde aquellos que pagan fianzas millonarias como el señor Blesa, a los que se sirven de entresijos legales como el señor Barcenas, el señor Fabra, el ex ministro socialista José Blanco, la ex consejera de Hacienda Magdalena Álvarez o el ex sindicalista Juan Lanzas, a quien además ayer la Audiencia Provincial de Sevilla le desbloqueó el embargo de sus cuentas; otros no se cortan en hacer mofa de su paso por la cárcel, como el ex director general de Trabajo de la Junta, el señor Guerrero, que afirmó haber leído 41 libros en dos meses, sólo espero que haya devuelto el carné de la biblioteca de la prisión.
Así que, en España, los bancos, multinacionales, empresas públicas y los impuestos están gestionados por trileros que roban a manos llenas y pasan por la prisión sin devolver un céntimo. Por el contrario, no olvidemos como el mismo sistema democrático otorga el indulto al Kamikace que asesinó a un joven valenciano, eterniza el caso Marta del Castillo, sentencia a etarras a penas de prisión irrisorias, o condena a un vecino a dos años de cárcel o multa de 12.000 euros por recoger hierbas y plantas para infusiones.
La justicia será clara y concisa, pero se aplica de forma irregular e incoherente. Como dice un buen amigo y abogado “en pleitos no te veas, aunque los ganes”.
Un 23 de abril de 1934, según el diario El Mundo de Buenos Aires, la Sociedad de las Naciones había desmentido actos de canibalismo en las tropas bolivianas que combatían en el Chaco. El New York Times había publicado trascendidos que circulaban en La Paz, dando cuenta de que nativos del Chaco, sin ningún respeto, habían matado y devorado a oficiales bolivianos, en protesta por el reclutamiento forzozo de los pueblos originarios.
Tenemos un país donde miles de personas votan a asesinos. Algo no está bien. Adoctrinados en el odio a España, desde pequeños, votan. El problema es que representan el 0,7% pero influyen en España al 100%. Poco que hacer. Puede ir a peor. Aficiones y aflicciones del personal de allí, allá o acullá; y el de aquí. Por lo que hay y pueda ocurrir, el resultado importa. En el País Vasco sobre todo, también en el resto de España y en la UE.
Las conductas de riesgo son aquellos comportamientos que implican un efecto placentero inmediato pero carecen de una valoración de las consecuencias posteriores. Es preciso comprender que son los mecanismos cognitivos los que guían al adolescente y joven a la asunción de conductas de riesgo.
