La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha vuelto a decretar un año después el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, imputado en la causa que investiga las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica.

Así lo establece el auto dictado sobre las 20.30 horas de este miércoles por la magistrada, que atiende de esta manera la solicitud realizada por la Fiscalía Anticorrupción, que ha solicitado el envío a prisión de Guerrero por considerar que existe "riesgo de fuga", de que pueda "destruir o alterar pruebas" y de que pueda entrar en contacto con otros imputados en la causa. Ante esta petición, y antes de conocer la decisión de la juez, Guerrero dijo: "ante el vicio de pedir, está la virtud de no dar".

Tras casi tres horas de declaración y otras tanta de espera para conocer el auto, la magistrada le ha leído al exalto cargo de la Junta dicho auto y le ha comunicado su ingreso en prisión, tras lo que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo han conducido a un furgón que lo esperaba junto a dos decenas de fotógrafos y cámaras en la puerta de los juzgados, furgón que lo condujo a la cárcel de Sevilla-I.

Se da la circunstancia de que Alaya ya decretó hace un año, en concreto el 10 de marzo de 2012, el ingreso de Guerrero en prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de hasta seis delitos, en concreto sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.

Tras aquella decisión, el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social permaneció durante más de siete meses en la cárcel de Sevilla I hasta el 22 octubre, cuando abandonó la cárcel después de abonar 50.000 euros de fianza.

A la salida de los juzgados, y tras conocer el auto de prisión, el abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, ha atendido a los periodistas y aunque no ha podido dar detalles sobre la declaración por encontrarse esta parte de la investigación bajo secreto sumarial, sí ha asegurado que los delitos que la juez le imputa ahora son "parecidos" a los que ya le imputó en marzo de 2012.

"No hay grandes diferencias entre lo que ya declaró y lo declarado hoy", ha señalado también el letrado, asegurando que la decisión de la instructora le ha "sorprendido", ya que "no se lo esperaba", así como que su cliente se encuentra "jodido, lógicamente".

Asimismo, y preguntado sobre si la juez "abusa" en esta causa de las órdenes de prisión provisional, el letrado ha preferido no opinar y se ha limitado a señalar que "cada juez tiene su forma de plantear los casos, y la Fiscalía también plantea unos casos de una manera y otros de otra". "No veo en líneas generales muchas igualdades entre unos temas y otros, en los casos mediáticos de hoy en día, hay diferencias, aunque el motivo no lo sé".

Una vez finalizado su interrogatorio y notificado el auto de prisión, la magistrada comenzó a tomar declaración pasadas las 20,30 horas al que fuera director de la mediadora Vitalia en Andalucía, Jesús Bordallo, que se encuentra imputado en la causa pero que hasta la fecha no había declarado en sede judicial.

Junto a Guerrero, la juez Alaya ha citado a declarar en los próximos días a otras ocho personas imputadas en la causa, todo ello en relación a la operación efectuada este miércoles por el Grupo de Delitos Económicos de la UCO en varias provincias de forma simultánea, como son Sevilla, Cádiz, Jaén, Granada, Madrid, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria.

En esta operación, dentro de la cual se han practicado 13 registros tanto en empresas y despachos de abogados como en domicilios particulares, la Guardia Civil ha detenido a un total de 20 personas, entre las que se encuentran abogados y personas vinculadas a Vitalia, además de las mujeres de algunos de los imputados.

La operación se encuentra incluida dentro de la investigación declarada secreta el pasado mes de noviembre, y tiene como objetivo dilucidar el destino de las sobrecomisiones supuestamente cobradas por las mediadoras de las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE de distintas empresas.