Pocas veces se ha producido, en un país, una degradación tan precipitada como la que ha conseguido que padezca la ciudad catalana de Barcelona, su actual alcaldesa, desde que ella conquistó el apoyo de una parte de la ciudadanía catalana que, evidentemente, escogió el peor representante que pudiera haber elegido para gobernar, desde su ayuntamiento, la capital de Cataluña. Lo que no deja de sorprender es como, después de cuatro años de gobierno errático, de grandes errores, de torticeras y desnortadas muestras de incapacidad para sumir el cargo para el que fue asignada y de proselitismo comunista más propio de una antisistema que de una alcaldesa de una ciudad tan importante como es la de Barcelona; nuevamente, a causa de una serie de desgraciadas coincidencias y del error garrafal del señor Valls que, con toda seguridad, creyéndose que la situación de Barcelona y de sus gentes tenía similitudes con las de los ciudadanos de su país, Francia, pretendió pasarse de listo brindando apoyo a la candidatura de la señora en lugar de abstenerse, votar en contra o retirarse de la política española, después de que demostrara que su presencia en la batalla electoral solamente había servido para restar votos a los partidos defensores de la Constitución española.

El argumento de que la única opción de recambio era la del señor Ernesto Maragall, un separatista furibundo partidario de arrasar con todo con tal de conseguir la independencia catalana, si se mira bien, carece de todo apoyo ya que, es evidente, que la posibilidad de que Cataluña consiguiera separarse de España a causa del señor Maragall cuando, el señor Torra, el mandado del señor Puigdemont, para que siga las instrucciones que le va enviando, desde su retiro dorado en su palacete de Bélgica, no lo ha conseguido pese a que ya tiene asumidas, por su cuenta, todas las actuaciones, incluso un proyecto de declaración de independencia unilateral, que pudiera pretender asumir el irascible Maragall, una persona que, en cuanto a la administración de la ciudad catalana, no creemos que fuera peor que la actual alcaldesa de Barcelona, la feminista y comunista, Ada Colau, la misma que, con el apoyo explícito de Valls, consiguió convertirse, una vez más, en la actual regidora de la ciudad condal.

Si, en su primera legislatura, ya organizó situaciones caóticas con su apoyo a los manteros, una verdadera invasión, que han conseguido formar un ejército ante el cual, la misma policía catalana, se ve en grandes apuros cuando intenta dominarlos; organizó una campaña, desde el propio municipio, en contra del turismo, una de las principales actividades en la capital catalana, para intentar controlarlo, lo que suponía impedir la apertura de nuevos hoteles, restaurantes, tiendas de suvenir etc., en fin, una moratoria en plena campaña de verano que causó importantes pérdidas a todo el gremio turístico y que ha dado lugar a que muchas de las empresas perjudicadas por la misma, iniciaran demandas en los juzgados en contra de aquella arbitrariedad municipal. Como aclaración podemos decir que, hasta ahora, la mayoría de las sentencias dictadas por los tribunales de justicia han sido contrarias a la disparata decisión tomada por la alcaldesa. Tampoco se distinguió en cuanto a detener la oleada de okupas que se instalaron sin oposición en una serie de edificios de bancos y otros organismos públicos, amén de viviendas privadas, mostrándose propicia a aceptar esta fórmula ilegal de dar vivienda a quienes no la tenían, sin considerar el perjuicio que con ello podía causar a instituciones o particulares, evidentemente gravemente perjudicados por dichas ocupaciones, inhibiéndose con su impasibilidad apoyando indirectamente las actividades ilícitas de los okupas, manteniendo a la guardia urbana y los mossos de escuadra apartados de las reclamaciones de los legítimos propietarios, que se han visto precisados a iniciar costosos procedimientos en los juzgados, para conseguir que se expulsara a los ocupantes, sin que ello fuera de una forma rápida ni que se consiguiera de los desahuciados que se hicieran cargo de los perjuicios económicos causados a los legítimos propietarios que, en la mayoría de casos, se han visto obligados a reconstruir las viviendas desalojadas por los vándalos que, antes de vaciarlas, habían destrozado todo lo que pudieron del mobiliario o las instalaciones del espacio que ocuparon sin ningún título que les diera derecho a ello. Y todo ante la complacencia y despreocupación de la señora alcaldesa.

Pero donde la degradación de la ciudad se ha mostrado con mayor fuerza, incomodidad, descontento y, en ocasiones, miedo y lesiones personales de las víctimas ha sido, sin duda, en los episodios delictivos que, cada día con mayor frecuencia e intensidad, se vienen desarrollando en toda la ciudad y, especialmente, en aquellas zonas más concurridas por los turistas, el objetivo predilecto de todos los delincuentes que, prácticamente con plena impunidad, se han hecho dueños de la calle donde cada día se comenten cientos de hurtos y batallas campales, con tiroteos incluidos y víctimas mortales, entre bandas mafiosas instaladas, como si Barcelona fuera un nuevo Chicago de los años treinta, y la proliferación de tiroteos y ataques con arma blanca, algo insólito en los años en los que España estaba gobernada por gobiernos de derechas y las funciones de control de la policía nacional estaban en manos de gobernadores civiles que no consentían que la delincuencia pudiera actuar impunemente en ninguna calle o local de la ciudad condal y, lo mismo ocurría, en el resto de ciudades españolas.

El hecho cierto es que, pese a las disculpas del consejero de interior de la ciudad catalana, las hipócritas escusas de la alcaldesa, que pretende justificar este salto hacia atrás de la seguridad ciudadana, argumentando que el número de turistas es muy elevado y aún tiene la faz de seguir diciendo que “sólo se trata de hechos puntuales” sin tener en cuenta que se habla de aumentos desproporcionados de la delincuencia ( un 30%) y de la gravedad de los delitos cometidos, entre los cuales han aumentado de forma alarmante, el número de víctimas causados por una delincuencia en la que se nota que la intensidad de la violencia empleada y la peligrosidad de las armas utilizadas, hacen pensar que, si no se atajan cuanto antes, vamos a tener que enfrentarnos al hecho de que Barcelona se haya convertido en la ciudad más insegura de toda Europa, algo que es fácil de probar si se tiene en cuenta de que, los Mossos, han aumentado en un 80% el número de detenciones en la capital catalana siendo, la mayoría de los delincuentes detenidos, reincidentes que no entran en prisión debido al atraso de nuestra legislación penal, tradicionalmente muy benevolente con los hurtos que no sobrepasen los 400 euros. Un detalle a destacar, el protagonizado por los delincuentes que atacaron hace unos meses a una diplomática muy conocida de Corea del Sur que falleció dos meses después a causa de la violencia con la que fue agredida; en este mismo mes un agente del FBI también fue asaltado y, hace unos días, al embajador de Afganistán le robaron el reloj cuando un grupo de jóvenes le rodeó y afortunadamente, no tuvo que lamentar más que un rasguño en una rodilla.

Puede que a la ex agitadora, señora Colau, contraria a las actuaciones judiciales por impago de hipotecas destinadas a proceder al desahucio de propietarios o inquilinos morosos; no le preocupe la fama que, en el resto de Europa, se está empezando a propagar en muchas de las naciones de las que recibimos la mayor parte del turismo que nos visita, en cuyos medios de comunicación están empezando a aparecer informaciones que ponen en alerta a los ciudadanos que pretendan visitar Barcelona de la inseguridad existente en las calles y de los asaltos violentos con los que muchos turistas se han tenido que enfrentar. Semanarios como Der Spiegel, alemán o la propia BBC se han hecho eco de estas noticias y el propio consulado de los Estados Unidos en Barcelona lanzó una alerta en la que advierte a los estadounidenses que se propongan viajar a Barcelona del incremento de la delincuencia que está soportando la ciudad, añadiendo que, en muchos casos, también se están produciendo heridos. Así como decimos que el dinero “es cobarde” también podemos afirmar que una propaganda semejante puede que, para nuevas temporadas, muchos de los que visitaban Barcelona (como ya hicieron con Egipto o Túnez) decidan cambiar de destino para sus vacaciones, en los que se les garantice una mayor seguridad.

Hablan de que les hace falta aumentar el números de mossos (recuerden que fue la Colau la que desactivo un cuerpo de intervención directa de los mossos de escuadra, por considerar que no tenían justificación en una ciudad como Barcelona) y parece que están dispuestos a aumentar en unos cientos más el número, ya elevado, de los que disponen. Pensamos que no se trata tano de que haya falta de policía sino del destino que se les da a los que hay, unos 17.000, un pequeño ejército que no nos parece tan insuficiente como parece que quieren dar a entender. No debemos olvidarnos de que ya, en el Parlamento catalán, en aquellos meses de ataques a la unidad de España, se hablaba de la necesidad de crear un Ejército catalán que, evidentemente, podría tener su base en esta policía especial catalana. No parece que sea muy prudente el que, desde el gobierno español, se deje al libre albedrío del separatismo catalán el ir aumentando la fuerza de sus funcionarios de seguridad que, como conviene recordar, tuvieron un papel harto preocupante cuando se celebró el referendo ilegal sobre si Cataluña debía continuar siendo España o no.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, nos resulta preocupante, como residentes en esta autonomía catalana, observar cómo, poco a poco, tanto en el Ayuntamiento de Barcelona como en los del resto de Cataluña, se van produciendo gobiernos municipales en los que las alianzas entre partidos puede, en alguna manera, burlar las disposiciones de la Constitución española, mediante la conjunción de separatistas y comunistas dispuestos a burlar las leyes españolas, sometiendo a sus respectivos ciudadanos a actuaciones de tipo inconstitucional cuando, como es evidente, el recurrirlas puede resultar casi imposible por el simple hecho de que hay muchas comunidades que carecen de medios, especialistas o valor para enfrentarse a la administración en un tema que, con todo seguridad, iría a parar al TS. Una indefensión que seguramente no contemplan las leyes pero que, en la realidad, son motivo de que muchas irregularidades administrativas se consumen, en perjuicio de los derechos de los ciudadanos, por no existir un medio rápido y fácil de poder protestar a través de los cauces adecuados, para ser escuchados por quienes tienen las facultades de poder remediar esta clase de abusos. O, al menos, esto nos parece.