Las elecciones de mitad de mandato que se llevarán a cabo la semana próxima en Estados Unidos marcan un punto crítico en la era Trump. La posibilidad de que el Partido Demócrata recupere la mayoría en la Cámara de Representantes, y posiblemente en el Senado, les ha dado ánimo a los votantes que esperan una “ola azul” demócrata, mientras que los intentos de Trump y el Partido Republicano por motivar a sus bases han desatado un torrente de violencia por parte de supremacistas blancos que no tiene precedentes en los últimos años. Contando solamente la semana pasada, un fanático partidario de Trump fue acusado de enviar 12 bombas caseras a personas que Trump critica con frecuencia, entre ellos los matrimonios Obama y Clinton, así como también a la CNN, a cuyas oficinas envió tres bombas; dos afroestadounidenses fueron asesinados por un supremacista blanco en las afueras de Louisville, Kentucky, después de que el agresor intentara (sin éxito) ingresar a una iglesia predominantemente negra; y 11 fieles judíos fueron masacrados en una sinagoga de Pittsburgh por un supremacista blanco que criticaba en las redes sociales a los judíos que ayudan a los refugiados, o “invasores”, como los llaman él y Trump.

Ya sea que Trump se haga cargo o no, estos horrores son la culminación de una campaña electoral cada vez más llena de odio, dirigida por el propio presidente, que ha encabezado actos en todo el país en los que arremete contra mujeres, inmigrantes y personas de color. Pero también a lo largo y a lo ancho del país hay una ola sin precedentes de mujeres y personas de color que se postulan para cargos públicos. La pregunta ahora es quiénes saldrán a votar y, lo más importante, a quiénes se les negará el derecho a votar en estas elecciones de mitad de período.

Los intentos republicanos de purgar de los padrones a los probables votantes demócratas han provocado un movimiento nacional para garantizar el derecho al voto. En Florida, todo apunta a que una notable iniciativa electoral ciudadana va a triunfar. Esto restablecería el derecho al voto de más de 1,4 millones de floridenses: personas que fueron condenadas por delitos graves. De ser aprobada, la Enmienda 4 del Estado de Florida será la mayor concesión del derecho al voto desde que se concedió el derecho al voto a las mujeres en 1920.

A lo largo de Estados Unidos, a más de seis millones de personas con condenas por delitos graves no se les permite votar. Florida, junto con otros tres estados —Iowa, Kentucky y Virginia— prohíbe el voto de por vida a quienes hayan sido condenados por un delito grave en algún momento. En Florida, uno de cada cinco afroestadounidenses y el 10% de la población adulta del estado no puede votar debido a sus antecedentes penales.

Estas son palabras de Desmond Meade, en una entrevista reciente para Democracy Now! desde un foro sobre la Enmienda 4 en Melbourne, Florida: “Soy un ser humano, soy un ciudadano de este país, soy un ciudadano de mi comunidad”. Meade preside la Coalición por la Restitución de los Derechos Civiles de Florida y está liderando las acciones para aprobar la Enmienda 4. No se describe a sí mismo como un exdelincuente. El término que usa es “ciudadano retornado”.

La prohibición del voto ante una condena por delitos graves es un pilar fundamental de la estrategia republicana para suprimir la participación de los votantes, como expuso claramente en 1980 el difunto activista político conservador Paul Weyrich, cofundador de la organización The Heritage Foundation, en una conferencia organizada por la derecha cristiana: “No quiero que vote todo el mundo. Las elecciones no se ganan con la mayoría de la población, nunca ha sido así desde el inicio de nuestro país y no es así ahora. De hecho, nuestra ventaja en las elecciones aumenta considerablemente a medida que disminuye la población votante”.

Estos conceptos fueron repetidos la semana pasada por el candidato republicano a gobernador de Georgia, Brian Kemp. Durante un evento de recaudación de fondos, sin que lo notara, fue grabado cuando expresaba preocupación porque la campaña de su oponente demócrata, Stacey Abrams, estaba invirtiendo recursos en una gran operación de inscripción de votantes. Kemp dijo: “[Eso es] algo que nos sigue preocupando, especialmente si todos ejercen su derecho al voto”. Kemp actualmente es el secretario de estado de Georgia, responsable de supervisar las elecciones allí. Este año retuvo 53.000 formularios de registro de votantes, de los cuales el 70% era de personas afroestadounidenses, lo que condujo a varios a exigir que renuncie a su cargo de secretario de estado mientras se postula para gobernador. Si Stacey Abrams gana, hará historia como la primera gobernadora afroestadounidense del país.

En los días que quedan antes de las elecciones de mitad de mandato, Trump ha implementado una nueva táctica: amenaza con anular la ciudadanía por derecho de nacimiento mediante una orden ejecutiva. Se trata de la cláusula de la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos que garantiza la ciudadanía a los nacidos en territorio estadounidense. Aunque la amenaza de Trump es claramente anticonstitucional, muchos la consideran parte de su continuo ataque a los inmigrantes. De hecho, la Enmienda 14 se aprobó en respuesta al veredicto del caso de Dred Scott, emitido en 1857 por la Corte Suprema estadounidense. Este veredicto, que se considera generalmente como el más racista en la historia del tribunal superior del país, afirmó que los afroestadounidenses nunca podrían ser ciudadanos de Estados Unidos.

La buena noticia es que estos despreciables intentos de suprimir el voto, que forman parte de una historia oscura que se extiende desde los tiempos de la esclavitud, pasando por la era de Jim Crow y llegando al día de hoy, están siendo contrarrestados por una masiva organización popular. Como expresó Desmond Meade, el principal activista afroestadounidense que lucha a favor de la Enmienda 4 en Florida: “No hay nada que refleje mejor el ser ciudadano que poder votar”.