Las puñetas de la bocamanga de las togas de los más altos estamentos judiciales de España,

Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, destilan un fuerte olor a naftalina y un cierto tufillo a franquismo residual y sociológico. La bendecida Transición nos llevó de la dictadura de Franco a la de unos estamentos que en cuarenta años no han cambiado su estrecho pensamiento totalitario mamado, en muchas ocasiones, desde la cuna y el entorno familiar.

Cuando del viejo dictador murió desangrándose y entre heces en forma de melena, según los partes médicos, en un hospital improvisado en su residencia de El Pardo había dejado dicho en su testamento que “todo estaba atado y bien atado”. Y hoy, más de cuarenta años después, desgraciadamente, comprobamos que el rebelde general tenía razón. Todo había quedado muy bien atado para que como escribe Lampedusa en El Gatopardo parezca que todo cambia para que todo siga igual.

A Franco le sucedió un rey, Juan Carlos I, un Borbón al que nadie había votado, y a la fuerza se restauró una monarquía, la borbónica, con la que el pueblo español había roto lazos cuando en Abril de 1931, Alfonso XIII marchó de España. Y no marchó con una mano detrás y la otra delante, pobre, marchó rico, con joyas que todavía lucen algunos de los descendientes y con un cierto capital y bienes inmobiliarios que sus herederos recuperarían, incluso pagando de nuevo con dinero público, bienes que habían sido regalados por los ciudadanos de diversos pueblos y ciudades de España. Con el advenimiento de la monarquía borbónica comenzaba a cumplirse el deseo franquista de dejar todo “atado y bien atado”.

Casi dos años después de muerto el dictador los partidos políticos seguían prohibidos, algunos como ERC, seguirán prohibidos durante más tiempo e incluso no pudieron presentarse a las primeras elecciones de la nueva etapa democrática, una democracia que cojeaba y hacia aguas por algunos de sus costados pero que era lo único que había, la tan bendecida Transición fue un “lo tomas o lo dejas”, un “trágala” con una Constitución en la que el artículo 2, el de la unidad de España fue redactado e impuesto por los jefes del Ejercito, todavía franquista. La Constitución del 1978, en Diciembre, cumplirá cuarenta años, ya nació viciada, sus redactores ya tuvieron buen cuidado en que fuera muy difícil su modificación en el articulado más importante. En ella se votó, de matute, la aceptación del rey y sus sucesores, y en ella quedaron en papel mojado muchos de sus derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, el derecho a una pensión suficiente o, el sacrosanto derecho en toda democracia de la libertad de expresión.

Con la entrada en la OTAN y las modificaciones que hizo Narcís Serra se creyó que el Ejército, de la noche a la mañana, pasaba de franquista y golpista a demócrata. Un grave error, los militares franquistas siguieron conspirando y de la “Operación Galaxia” y las arengas fascistas del periódico “El Alcázar” se pasó a la toma del Congreso por Tejero y sus milicos de verde. La “tejerada”de febrero del 81 demostró que jefes, oficiales y mandos intermedios seguían siendo una pandilla que añoraba la dictadura. Armada, un general afín a la Zarzuela, y Milans del Bosch, un general monárquico, fueron dos de los principales inspiradores de un golpe, de timón a la democracia decían sus seguidores, pero nunca sabremos quien estaba al frente de toda aquella asonada de opereta, que sirvió al gobierno de excusa para recortar los poderes de las CC. AA. Todavía hoy en algunas Salas de Bandera de los cuarteles tienen enmarcado el parte de guerra del 1 de Abril de 1939 firmado por el General Franco. Y todavía hace unas semanas casi doscientos jefes del Ejército firmaron una carta colectiva denunciando la retirada de los restos de Franco de su tumba en el Valle de los Caídos, y no les ha pasado nada.

Pero además de los milicos y la Corona también forman parte del Estado los jueces enmarcados en el Consejo General del Poder Judicial, en la Audiencia Nacional, antiguo Tribunal de Orden Público, y en el Tribunal Supremo. Y así como en la transición se intentó limpiar el Ejército de franquistas en la Justicia no se hizo. Hasta 1980 estuvo vigente todo el entramado de la justicia franquista, y cuando en aquel año se cambió se estableció que doce de los veinte jueces que tenían que constituir el CGPJ serían nombrados por jueces que venían del franquismo. Otra norma que ya nació viciada, y de la que seguimos pagando las consecuencias, porque ninguna de las disposiciones siguientes ha servido para desmontar una cúpula de la Justicia sociológicamente franquista.

Desde hace algún tiempo con la ayuda de los jueces y de alguna puntual modificación del Código Penal, o con una ley administrativa como la denominada “¨ley mordaza” la libertad de expresión está siendo atacada por todo un ejército de togados a los que, como dije al principio, las puñetas de las togas les huelen a naftalina y pasado. Y por si todo esto no era suficiente para ver la cojera democrática que padece el Estado español los jueces, desde un chat del CGPJ, máximo órgano de la Justicia, se dedican a insultar, denigrar i despreciar a políticos y votantes independentistas. Ya estas Navidades pudimos ver en un video cómo un juez del TC, con su gracejo de andaluz, bailaba sevillanas al grito de “Puigdemont a prisión”, y ahora son infinidad de jueces los que se han encerrado en su búnker franquista de Internet para demostrar que, una vez más, es imposible confiar en la Justicia de algunos jueces españoles, especialmente de los que están en la cúpula judicial.

Tengo la impresión que las sentencias contra los presos políticos catalanes ya están redactadas y firmadas, especialmente, si las han de redactar jueces como Vigo Moracho o Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del TS. Ambos afirman que con “golpistas ni se negocia ni se dialoga”. Se han constituido en juez y parte antes de celebrarse el juicio. En cualquier país democrático esto es suficiente para apartarles del puesto y para dejar sin efecto todas las actuaciones judiciales en las que hayan intervenido.

Por eso, pese a haber estudiado Leyes, mi particular visión de la Justicia es negativa. En 1972 al iniciar la carrera de Derecho en la Facultad de València un catedrático me dijo que no tuviera fe ciega en la Justicia. Con el paso del tiempo lo entendí y hoy estoy convencido que una parte del estamento judicial español está viviendo en su particular búnker aislados de la democracia. Porquè como dice la tercera acepción de la palabra “búnker” en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española búnker es “un grupo resistente a cualquier cambio ideológico”. Y eso son, por sus actos, a lo que se asemejan los jueces del CGPJ y el TS.