Cuando a una declarada activista, defensora de causas perdidas, que se cree llamada a cambiar el mundo y que presume de estar dotada de la suficiente inteligencia para, sin preparación alguna, únicamente con su fanatismo antisistema y su obsesión para oponerse a las leyes que una democracia se ha dado así misma por los métodos constitucionales, por los azares del destino y la incuria de aquellas personas, que sin atender a razones, la han escogido para dirigir, en calidad de alcaldesa, una ciudad de la importancia de Barcelona; a nadie debería llamarle la atención que cometa fallos garrafales, se salte las leyes a la torera e incurra en errores más propios de aquel al que no le importa actuar temerariamente o cuyas luces apenas pueden distinguirse de las un niño de corta edad. Ese es, por desgracia, lo que podríamos definir como el retrato robot de la alcaldesa de Barcelona, la señora Ada Colau, antigua agitadora profesional al frente de aquella pandilla de alborotadores que formaban la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que tanto protagonismo tuvieron por sus enfrentamientos con las fuerzas del orden y los funcionarios de los juzgados que tenían la misión de ejecutar los desahucios decretados por los tribunales.

La actual alcaldesa supo de ser arrastrada por los suelos, proferir alaridos en contra de aquellos que sólo estaban cumpliendo con su deber y reclamar justicia cuando, precisamente, lo que estaba haciendo era impedir que aquella su pudiera llevar a cabo por aquellos que tenían por misión hacer que se aplicara. La voz del “pueblo” en contra de la voz de los magistrados. La rebelde autodidacta, pretendiendo enmendar la plana a quienes tenían a su cargo hacer cumplir las leyes o la desubicada ácrata con la misión de alterar el orden y crear el caos frente al orden democrático. Sí señores, por una vez más, los catalanes supieron dar la medida de hasta donde son capaces de equivocarse, eligiendo a quienes debían hacerse cargo del gobierno de Barcelona de entre los menos indicados para ello. Algo parecido a lo que, durante estos días, está sucediendo con los catalanes separatistas, que tienen la pretensión de que un sujeto despendolado, Carles Puigdemont, huido de la justicia, que se ha instalado en Bélgica desde donde desafía al Estado de Derecho pretendiendo gobernar la autonomía catalana, a la que él define como República Catalana, desde su refugio en su casa de campo en el pueblo de Waterloo en Bélgica; sea reconocido como nuevo presidente de la Generalitat.

Pues esta misma señora, que tuvo la humorada de declarar una moratoria relativa al turismo, sin preocuparse de los perjuicios que produjo en los gremios que vivían a costa de los extranjeros y ciudadanos españoles que visitan Barcelona por aire, tierra y mar; comerciantes e industriales que todavía siguen sin recuperarse de tamaña decisión, pese a que todos los que han reclamado por sentirse perjudicados por aquella moratoria, han ido ganando al Ayuntamiento los recursos que presentaron contra dicha decisión; es la que ha declarado, abiertamente, la guerra contra todos aquellos que tengan viviendas desocupadas, amenazándoles con impuestos incautatorios y, evidentemente, injustos para el caso de que no las quieran alquilar a un tipo de alquiler “social”. Parece que, no conforme con todos los errores cometidos y convencida de tener el poder suficiente para convertir Barcelona en una ciudad a la medida del Berlín este de los tiempos del famoso muro; ha decidido algo que contiene una amenaza en contra de los intereses de una parte importante de los propietarios de viviendas de Barcelona.

Como no dispone de los medios suficientes para construir viviendas dignas para todos los peticionarios a los que quiere favorecer y sabe que los barceloneses ya están hasta las narices de la fiscalidad desbocada que pagan por el simple hecho de residir en Barcelona, ha encontrado la manera de llevar a cabo una solución intermedia que, de paso le va a servir para jorobar a los propietarios de los barrios barceloneses donde se ponga en marcha su proyecto. Se trata de construir viviendas para las gentes que no disponen de dónde alojarse del tipo de las prefabricadas o, como las podríamos llamar: del tipo mecano, de estas que se van construyendo por paneles que después se van ensamblando, unos con otros, hasta que forman un todo al que se dota de todos los elementos necesarios para formar una vivienda habitable. Evidentemente, el tipo de construcción no es de lujo y su apariencia externa es la de cualquier construcción de extrarradios que pueda existir en los alrededores de cualquier ciudad española. Hasta aquí nada que objetar, si no se tiene en cuenta que estas viviendas se van a instalar en todos los barrios de Barcelona que dispongan de solares de propiedad pública o, quizá, previamente expropiados al efecto con la excusa del super-utilizado, por las administraciones locales, recurso de la “función social de las viviendas”; algo que, incomprensiblemente, se ha delegado a los propios ayuntamientos que, cuando se trata de ayuntamientos regidos por mayoría de izquierdas, no dudan en convertir una medida que, como es evidente, debiera aplicarse sólo en casos excepcionales, en algo utilizado arbitrariamente para perjudicar a los propietarios de inmuebles de esta capital catalana. Sin duda alguna, los que han puesto en marcha esta operación justificándola por la falta de alojamientos para personas de escasos recursos; alegando que los alquileres que se pagan en Barcelona están por encima de las posibilidades económicas de quienes solicitan un alojamiento digno; se han olvidado de mencionar una segunda intención que, seguramente, no alegraría demasiado a los propietarios de barrios de alto standing de la Ciudad Condal o incluso, de aquellos otros en los que, la mayoría de viviendas ,corresponden a familias acomodadas de la clase media barcelonesa.

Cuando un barrio esta edificado mayoritariamente por edificios de gran calidad, que están ocupados por ciudadanos de alto nivel económico y rodeados de establecimientos cuya categoría y apariencia están en consonancia con el nivel de los vecinos del barrio, es evidente que las viviendas tienen una valoración que no se limita al valor intrínseco de la construcción y los adelantos de los que estén dotadas, sino que tiene un plus adicional, debido al entorno que las rodean, a la calidad de las personas que habitan el barrio y al conjunto de servicios y comercios de los que está dotado el distrito en cuestión. Si en este barrio se construyen viviendas de calidad inferior a las restantes, si el aspecto de las mismas desdice del entorno o los nuevos vecinos no congenian con los antiguos habitantes, puede producirse un deterioro de la convivencia, un enfrentamiento de culturas o, incluso, una depreciación de las viviendas debido a una menor demanda causada por la existencia de un vecindario distinto, que desentona con el resto. No es una apreciación clasista, ni es un menosprecio por la gente humilde, sino que es, simplemente, la constatación de una realidad que, por muy desagradable que les pueda parecer a algunos, no se puede negar que, en una sociedad moderna, es algo que ocurre y que puede afectar a una parte de los ciudadanos que residen en Barcelona, que resulte que no se hallen a gusto ante esta especie de “socialización” o “igualitarismo” impuesto, seguramente, con la intención de crear un ambiente molesto y reivindicativo en el vecindario. Advirtamos que, en un caso como el descrito, con toda probabilidad la incomodidad de la convivencia con personas de distinto estatus social podría ser mutua, tanto para unos como para los otros.

No olvidemos que estamos en un tipo de Estado que, todavía, no ha renunciado a Europa, conserva el estatus de nación donde las libertades son respetadas y que se rige por una Constitución que recoge la propiedad privada, la libertad de mercado, el derecho a la libertad de expresión y opinión, el respecto por las opiniones y el imperio de la Ley, que garantiza la seguridad y los derechos de todos los españoles protegidos por la Constitución de 1978. Los intentos de implantar regímenes contrarios al que nos hemos dado, no pueden prevalecer mientras, en España, no haya una mayoría suficiente de ciudadanos que, a través de los resultados de las urnas, lo pidiesen. Entre tanto, el Gobierno tiene la obligación, sin excusa alguna, de evitar que los derechos básicos que nos garantiza la Constitución sean respetados, impidiendo que existan partes de la nación en las que haya gobiernos que, en beneficio de sus propios idearios, se permitan legislar en contra de estos derechos fundamentales y, aún en el utópico caso de que se pretendieran implantar, desoyendo a los ciudadanos perjudicados, su reacción inmediata debiera ser invalidar cualquier intento o norma que fuera contraria a los dispuesto constitucionalmente.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, mucho nos tememos que, entre tantos árboles que distorsionan lo que los ciudadanos entendemos que son derechos inalienables que nos garantiza nuestra Constitución, no nos dejen ver este bosque de orden y respeto por las leyes, que parece que se esconde detrás de tantos ataques a la legalidad que se vienen produciendo, por determinados grupos políticos, que no quieren respetar aquellas normas que nos ayudan a vivir en paz y garantizan la convivencia entre todos los españoles, y todo ello, ante la aparente tibieza, impasibilidad y falta de nervio de un gobierno que da la sensación de que, lo único que sabe hacer, es mantenerse a la defensiva mientras el resto de partidos se ceban en él, debido a que no han sabido aplicar con energía el garrote de la legalidad contra todos aquellos que no han sabido respetar las reglas del juego político y que ya hace tiempo que debieran de haber sido erradicados de entre los directivos de este PP, que parece estar abocado a su autodestrucción.