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El pasado sábado tuvo lugar el juramento al cargo de miles de concejales y concejalas, alcaldes y alcaldesas, personas de a pie que en un momento determinado de su vida decidieron dar un paso a la arena, a veces movedizas, de la política local, esa que encuentra en la proximidad con la ciudadanía la mayor de las alegrías pero también la dureza de la incomprensión de quienes desde las calles y plazas públicas en muchas ocasiones no entienden de la colisión entre el querer y el deber, entre el ánimo de ayudar a todas las personas que tocan las puertas de los consistorios y las obligaciones que en muchas ocasiones en forma de marco legislativo marcan el quehacer diario de las personas servidoras de lo público desde el acta capitular.
He conocido a lo largo de mi vida un montón de alcaldes; cada uno tenía sus características propias, sus defectos y sus virtudes. Debido a mi implicación social he tenido contacto con muchos de ellos.
La psicología denomina la disonancia cognitiva a un proceso mental problemático para la razón en que dos ideas, contrarias, luchan por asentarse, sólo una de ellas, como la verdadera, en la cabeza de un individuo. Los dogmas, antes de florecer en los cerebros, los clichés antes de estar vivos en una mente que ha dejado de razonar, han luchado, según la resistencia ofrecida por la razón que intentan socavar, por dominar territorios y asentar sus poblados, de farsa, de estafa.
Día 1 tras el regreso. Primeras medidas:
Según los datos recogidos, la alcaldesa de Barcelona no ha cumplido con una de sus principales promesas, la de realizar 3.500 viviendas de alquiler asequible durante su primer mandato, de hecho, al aproximarse al final de su gestión, se han generado solo 557 viviendas que equivalen al 15,7%.
Acorde con el encarecimiento de los alquileres, los importes de venta de los inmuebles se han disparado a tal punto que en el 2016 “la subida más alta la marca Barcelona, que con un incremento del 14,4% ha situado el precio (medio N.D.A) de la vivienda usada en 3.879 euros/m2.
Los socialistas acusarán al Gobierno de plantear esa reforma "de forma oportunista y prepotente", por hacerlo solo nueve meses antes de las elecciones municipales.
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