Díaz ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz va a ser "implacable" en la lucha contra la corrupción "afecte a quien le afecte" y ha asegurado que no la va a "utilizar contra el adversario".
También se suman a esta petición el resto de aforados citados en la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo (TS) por la juez que investiga el caso de los ERE irregulares, Mercedes Alaya, quieren que se investigue el "origen de la filtración".
El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha tachado de "infamias delirantes" las palabras del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, acusando al PP y al PSOE de llevar años "tapando la corrupción de los Pujol" a cambio de sus pactos con CiU.
El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, criticó que cuando "la idea de España no responde a un modelo claro, se le está haciendo un flaquísimo favor al conjunto de la sociedad española".
En una carta, ha explicado que el dinero proviene de una herencia que recibió la familia después de la muerte de su padre, Florenci Pujol i Brugat, y cuyos fondos fueron destinados a su esposa, Marta Ferrusola, y a sus siete hijos.
La jueza instructora de la 'Operación Pokémon' ha citado a declarar este lunes como imputados por un supuesto delito de cohecho al alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela (PP), y a José Luis Baltar Pumar, expresidente de la Diputación de Ourense y del PP en esta provincia.
El juzgado de instrucción 1 de El Vendrell ha decretado este prisión provisional comunicada y sin fianza Daniel Masagué por un delito contra la administración pública.
La representante española en el máximo órgano de gobierno del BEI ha pedido que se consulte a la Oficina de Conflictos para que se pronuncie sobre si existe un riesgo reputacional para el BEI en las actuales circunstancias.
En su recurso, el letrado de Bárcenas atribuía "ignorancia" al juez Ruz y
le acusaba de haber llevado a cabo "una estrategia procesal perversa a
lo largo de la causa".
La Fiscalía del TS (Tribunal Supremo) presentó un recurso contra la sentencia que condenó,
junto a otras seis personas, a Pantoja a dos años de prisión y multa de
1,1 millones por un delito de blanqueo.
El gerente de infraestructuras de Adif Jaime G. ha negado ante la
juez haber cometido malversación porque ha asegurado que los 6 millones
de presunto sobreprecio se corresponden en realidad a una ampliación del
coste de las obras.
En concreto señala el incremento del precio del contrato para la construcción de la Plataforma en el tramo Hospitalet-La Torrasa por un importe de 247 millones de euros, lo que representó un 230% de incremento del precio de adjudicación del contrato.
Los implicados pudieron generar un sobreprecio de unos 6 millones de euros a favor de Corsán, en una presunta trama sobre la que podrían pesar los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental.
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