La nueva investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno habría encendido todas las alarmas en los despachos del 'establishment' españolista, formado por las élites financiera-empresarial, política, judicial, militar, jerarquía católica, universitaria y 'mass media' del Estado español, por lo que habrían preparado una trama para impedir la entrada en vigor de la llamada Ley de Amnistía que beneficiaría a cerca de 500 procesados por los sucesos del 1-O.

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde al proyecto de Ley de Cooperación, después de que el texto volviera a la Cámara tras la introducción de una serie de enmiendas en el Senado. Entre las enmiendas aprobadas, se incorpora una modificación que establece, en el marco de la cooperación española, que los instrumentos de ayuda programática a los países socios estén “sujetos a estándares internacionales de transparencia y rendición de cuentas”.