Altos jefes militares, entre quienes se encontraba el Comandante de la Fuerza Aérea del Paraguay (FAP), que respondía directamente al entonces presidente Mario Abdo Benítez (2018/23) vendían anualmente entre 30 y 40 mil armas cortas y largas a organizaciones criminales del Brasil, reveló la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), generando un escándalo nacional y obligando a una investigación del Ministerio Público, cuyos fiscales decretaron la numerosas detenciones.
Las armas vendidas a las organizaciones criminales brasileñas eran adquiridas por una empresa local que funciona en la capital paraguaya conocida como International Auto Supply S.A, dirigido por el empresario Diego Dirisio (49) y su esposa, la exmodelo Julieta Nardi (41), quienes actualmente se encuentran prófugos junto a otras personas implicadas en el caso. La mencionada empresa importaba legalmente de países europeos, como Rumania y otras naciones del viejo continente, eran vendidas a los grupos criminales que operan en varios estados del Brasil, agregó la SENAD.
Las armas largas y cortas eran traídas a Paraguay, donde el comandante de la Fuerza Aérea, General Arturo Javier González Ocampo, el Coronel Bienvenido Santiago Fretes González y el General Jorge Antonio Orué Roa, Jefe de la Dirección de Material Bélico (DIMABEL), se encargaban de autorizar y legalizar con documentos falsos las ventas de fusiles, ametralladoras pistolas, revólveres y otras armas de fuego a representantes de los temibles contrabandistas que operan con grupos criminales brasileños conocidos como Primer Comando Capital (PCC), y Comando Vermello, según los informes proporcionados por las autoridades. Entre los implicados en este contrabando de armas europeas también se encuentran mujeres militares que ya están imputadas y detenidas por disposición de las autoridades del Ministerio Público. Los ejecutivos prófugos operaban tranquilamente y sin que existiera sospechas sobre los mismos pues los militares y otros funcionarios contaban con la protección política del Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, según los documentos que siguen siendo analizados por investigadores paraguayos, brasileños, europeos y de Estados Unidos.
La comercialización de las armas se hacía desde Paraguay a través de la zona fronteriza con Brasil hasta donde llegaban las mercaderías desde Europa mientras los pagos se realizaban por intermedio de un agente que operaba en Estados Unidos, desde donde el dinero era remitido a los fabricantes de las armas, explica unos de los reportes proveídos por la SENAD. Los jefes militares imputados y presos respondían directamente al entonces presidente Mario Abdo Benítez, señalado como supuesto protector o "padrino" de los vendedores paraguayos a los criminales brasileños.
Recientes últimas investigaciones indican que en este esquema criminal también se encuentra implicado un senador de la República del Paraguay, cuya identidad sigue sin darse a conocer por la SENAD. La mencionada institución reveló que este esquema de comercialización funcionaba sin inconveniente alguno desde principios del 2012, permitiendo ganancias por alrededor de 200 millones de dólares.
