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El Gobierno aprueba una ley que protege el secreto profesional de los periodistas

Agencias
martes, 22 de julio de 2025, 15:04 h (CET)

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)


El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de ley que regula el derecho al secreto profesional de los periodistas y medios de comunicación, desarrollando por primera vez una protección legal específica y completa para este derecho constitucional.


Según informó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, esta iniciativa forma parte del Plan de Acción por la Democracia y busca fortalecer la transparencia, pluralidad e independencia en el ecosistema informativo.


Bolaños destacó que esta normativa "blinda un derecho fundamental que protege a quienes informan y contribuye a una mayor calidad del debate público", reforzando así la libertad de prensa y la democracia.


La nueva legislación se alinea con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y con el Reglamento europeo 2024/1083 sobre libertad de los medios de comunicación, que exige garantizar una protección efectiva del secreto profesional.


GARANTÍAS Y PROTECCIÓN


El texto regula detalladamente el derecho de los profesionales a no revelar sus fuentes ni entregar materiales que puedan comprometer la confidencialidad, prohibiendo además la instalación de programas de vigilancia intrusiva, salvo casos excepcionales.


Solo se podrán autorizar judicialmente diligencias que afecten al secreto profesional ante daños graves e inminentes para la vida o integridad de personas, o riesgos para la seguridad nacional y el sistema constitucional.


La norma reconoce como titulares del derecho tanto a periodistas y medios como a personas de su entorno que puedan conocer la identidad de las fuentes, estableciendo un control judicial previo y riguroso.


MECANISMOS DE CONTROL


La instalación de programas de vigilancia informática quedará limitada a investigaciones sobre delitos graves, con penas superiores a tres o cinco años según el caso, y sujeta a revisión periódica.


El anteproyecto modifica las leyes procesales para que los profesionales puedan acogerse expresamente al secreto profesional en declaraciones como testigos.


Se impulsa además la creación de mecanismos de autorregulación y códigos de buenas prácticas en el ámbito periodístico, que podrán ser promovidos por el sector con apoyo de las administraciones.


Esta normativa supone un paso histórico en la protección de la libertad de prensa en España, al desarrollar por primera vez de manera integral un derecho fundamental recogido en la Constitución.


La ley establece un marco garantista que equilibra la protección del secreto profesional con otros bienes jurídicos como la seguridad nacional o la integridad de las personas.


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