MADRID, 06 (SERVIMEDIA)
El Tribunal Supremo interrogará este lunes a Antxón Alonso, administrador de la constructora Servinabar, en la que, según un contrato privado encontrado por la Guardia Civil, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán llegó a adquirir el 45% de participación.
Junto a Alonso, también está citado este lunes Fernando Agustín Merino, exdelegado de Acciona en Navarra y La Rioja, quien fue despedido en 2021 y está igualmente imputado por su presunta colaboración en la trama del 'caso Koldo'.
Ambos empresarios deberán responder por delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias ante el juez Leopoldo Puente, que investiga si pagaron comisiones ilegales para conseguir obras públicas.
La declaración de Alonso se produce en un contexto de máxima expectación política y judicial, ya que se le considera una pieza clave en el entramado que investiga el Supremo. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita lo vincula directamente con el presunto pago de comisiones a Cerdán, supuestamente para asegurarse la adjudicación de obras públicas en Navarra y otras regiones a favor de Servinabar.
"ENGRASADOR" DE LA RED
Alonso fue definido por la UCO como el "engrasador" de la red, encargado de canalizar pagos ilícitos y de colocar a personas del entorno socialista en la plantilla de Servinabar, empresa que participó en importantes adjudicaciones públicas en Navarra, a menudo en UTE con Acciona. En el registro de su domicilio, los agentes hallaron bolsas con dinero negro y el contrato privado que acreditaría la supuesta compra de acciones por parte de Cerdán.
La relación entre Alonso y Cerdán no se limitaba al ámbito empresarial. Según declaró el exdirigente socialista ante el Supremo, este constructor actuó como intermediario político, facilitando el contacto entre el PSOE y formaciones nacionalistas vascas, como EH Bildu y el PNV.
El propio líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha reconocido públicamente que fue el administrador de Servinabar quien le presentó a Cerdán, en un momento en que el dirigente socialista buscaba interlocución con fuerzas independentistas.
BILLETES DE 500 EUROS
El contrato privado por el que el exdirigente socialista habría adquirido casi la mitad de Servinabar, valorado en 6.000 euros, no fue elevado a escritura pública ni inscrito oficialmente, lo que, según la UCO, podría indicar un intento de ocultar la vinculación real del político con la empresa beneficiaria de adjudicaciones públicas.
El exsecretario de Organización socialista ha sostenido que la operación nunca llegó a ejecutarse, aunque la investigación sigue abierta sobre su posible papel como socio oculto.
La comparecencia de Alonso será determinante para esclarecer el grado de implicación de Cerdán y el alcance de los pagos de comisiones. Según los informes policiales, Alonso habría entregado dinero en efectivo a Cerdán, en ocasiones en billetes de 500 euros, para asegurarse contratos públicos para Servinabar.
El juez Puente ha solicitado a la UCO información adicional sobre las cuentas bancarias y movimientos financieros de los empresarios y sus empresas, tras detectar indicios de adjudicación indebida de obras públicas mediante pagos a responsables políticos.
La declaración de Alonso se produce después de que otros empresarios imputados hayan negado en el Supremo su participación en el pago de comisiones ilegales, mientras la instrucción sigue avanzando con nuevas pruebas y testimonios que podrían comprometer a la cúpula socialista y a destacados cargos públicos.
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