El Gobierno obligará a los futuros dueños de perros a hacer un curso online de cuatro horas

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

Las personas que quieran tener un perro en España estarán obligadas a superar un curso formativo de tenencia responsable de canes, el cual será gratuito, podrá realizarse online y durará cuatro horas, tras lo cual recibirán un documento acreditativo que les servirá para siempre y no deberán volverá a hacerlo.

Esos requisitos figuran en un proyecto de real decreto que desarrolla la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, de 2023, y que ha elaborado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030-

Ese borrador se encuentra en fase de audiencia e información pública hasta el próximo 16 de julio para que las personas interesadas hagan las alegaciones que consideren oportunas. Fue elaborado con aportaciones y mejoras de entidades protectoras de los animales, asociaciones del sector veterinario y profesionales de la cría de animales de compañía.

El texto, al que tuvo acceso Servimedia, afecta a 25 artículos de la mencionada ley de 2023 tiene como objetivo fundamental fijar "un contenido mínimo y homogéneo" de las condiciones básicas sobre la cría, venta y tenencia de animales de compañía (perros, gatos y hurones); la organización del Sistema Central de Registros para la Protección Animal (Sicerpa), y las condiciones básicas de la recogida de animales abandonados y la gestión de colonias felinas.

Además, la norma pretende garantizar el bienestar y la protección de los derechos de los animales, sobre todo establecer unos criterios mínimos de bienestar de los animales de compañía, con independencia de donde se encuentren, y mecanismos que disminuyan el abandono animal y la cría incontrolada.

CURSO

Una de las novedades, que aparece recogida en la ley de 2023, es la regulación de los cursos formativos obligatorios para los futuros dueños de perros, salvo para veterinarios y quienes estén inscritos en el registro de profesionales del comportamiento animal o de criadores.

Esos cursos serán gratuitos, tendrán una validez indefinida en toda España y Derechos Sociales pondrá en marcha una plataforma telemática para ello, que expedirá el documento acreditativo de que la formación ha sido realizada con éxito tras la aprobación de un cuestionario final tipo test.

La formación tendrá que hacerse como muy tarde seis meses después de que esté lista esa plataforma telemática.

Además, los cursos durarán al menos cuatro horas con contenidos relativos a cuestiones previas a plantearse antes de tener un perro; cómo elegir el futuro animal de compañía, salud y cuidados; fundamentos de manejo, integración en la sociedad y socialización; el cachorro y el perro senior: cuidados específicos, y responsabilidades y obligaciones como titular.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Por otro lado, todas las personas propietarias de un perro estarán obligadas -como muy tarde seis meses después de la entrada en vigor del real decreto- a tener contratado un seguro de responsabilidad civil durante toda la vida del animal, con una cobertura "no inferior a 100.000 euros", cantidad que asciende a 120.000 euros si es un perro considerado "potencialmente peligroso".

Ese seguro debe suscribirse como muy tarde a las 48 horas de que el animal quede inscrito en el registro correspondiente y cubrirá "los posibles daños ocasionados por el perro a terceras personas".

Para ello, serán válidos los seguros del hogar que incluyan en su garantía de responsabilidad civil la cobertura de los daños ocasionados por perros a terceras personas.

Esa obligación se extenderá a los dueños de perros que procedan de otros países y cambien su residencia a España o permanezcan más de cuatro meses en territorio español.

REVISIÓN VETERINARIA

Por otra parte, el proyecto de real decreto señala que todos los perros, los gatos -salvo los comunitarios- y los hurones deberán someterse al menos a una revisión veterinaria al año, que puede coincidir con la vacunación anual obligatoria. En el caso de los machos reproductores, el veterinario verificará su idoneidad para la cría.

Además, las administraciones públicas podrán encargarse de cualquier animal de compañía confinado en un recinto o en una finca que pueda encontrarse en situación de abandono por no haber sido atendidas sus necesidades básicas por parte de la persona titular o responsable.

Esto significa que la autoridad local competente en cada territorio podrá trasladar al animal a un centro de recogida para que sea atendido de forma provisional, mientras se tramita el procedimiento de abandono.

Respecto a los gatos, el proyecto real decreto propone regular la protección de colonias felinas por parte de las entidades locales y marca que sea un veterinario quien apruebe un nuevo destino para las colonias que deban desplazarse o ser reubicadas por el impacto negativo que puedan generar en la biodiversidad de un territorio específico.

CRIADORES Y REGISTROS

A estas medidas para luchar contra al abandono y el maltrato animal se suman otras propuestas, como la de restringir que se pueda criar perros y gatos de manera irregular, con el fin de reducir las tasas de abandono.

Así, solo podrán reproducirse perros, gatos y hurones que aparezcan como "reproductores" en el registro autonómico de animales de compañía.

Dentro del sector de la cría, la norma introduce las figuras de los criadores convencionales, especializados y puntuales, con el fin de diferenciar esta actividad en función de su intensidad y del número de animales que se manejan.

Asimismo, propone regular por primera vez la actividad de los profesionales del comportamiento -esto es, las personas o entidades encargadas del adiestramiento, la educación o la modificación de conducta de animales de compañía- con el fin de combatir el intrusismo de personas sin capacitación.

Además, la norma plantea registros de forma centralizada para criadores, núcleos zoológicos y entidades de protección animal y que todas estas figuras sean gestionadas por las comunidades autónomas.

Con este propósito, se crearía el Sistema Central de Registros para la Protección Animal (Sicerpa), que costaría 431.200 euros, para coordinar la información de los registros autonómicos y asegurar su interoperabilidad para la elaboración de la Estadística de Protección Animal.

El Sicerpa incluirá a animales de compañía, entidades de protección animal, profesionales de comportamiento animal, núcleos zoológicos y criadores oficiales de animales de compañía.