MADRID, 03 (SERVIMEDIA)
La Federación de Consumidores y Usuarios CECU ha presentado una denuncia ante la Dirección General de Consumo contra Booking y Airbnb por, presuntamente, "incumplir" la normativa vigente en lo relativo a la obligación de publicar el número de registro en los anuncios de arrendamientos de corta duración.
Así lo anunció este jueves la federación en un comunicado en el que recordó que la normativa entró en vigor el pasado 23 de diciembre y las plataformas tenían hasta el 1 de julio para realizar las "adaptaciones pertinentes".
"Así lo recoge el Real Decreto 1312/2024: las plataformas en línea deberán mostrar el número de registro 'claramente como parte de sus anuncios antes de permitir la oferta de los servicios de alquiler de alojamiento de las unidades en sus plataformas'", agregó.
En el caso de Airbnb, tras la investigación, CECU ha observado que no solo los anuncios de la plataforma "no cuentan con el número de registro para que pueda ser consultado por los consumidores, sino que, además, permite la publicación de anuncios sin dicho número de registro".
CECU considera que la plataforma está "evadiendo su responsabilidad" de solicitar este requisito a los arrendadores para que publiciten los anuncios en ella.
En el caso de Booking, según la federación, "sí deniega la publicación de anuncios sin número de registro en la plataforma, pero, tal y como dicta el Real Decreto, deberían haber hecho las modificaciones pertinentes en la plataforma para que a día 1 de julio de 2025 cualquier anuncio que no contase con el número de registro hubiese sido dado de baja".
NORMATIVA
En este contexto, el experto en vivienda de CECU Eloy Gutiérrez subrayó que las plataformas "debían haberse hecho cargo de que los anuncios cumpliesen con la normativa y los consumidores tuviesen a disposición la información a fecha de aplicación".
"El número de registro supone un identificador que les permite corroborar que el alojamiento cumple con las normativas mínimas. Si este número no está disponible en los anuncios, esto puede llevar a las personas a contratar servicios que no cuenten con la licencia para operar, lo que conlleva una inseguridad para ellas", apostilló.
CECU, además, valora como "insuficiente" esta medida al no ir acompañada de un régimen sancionador que garantice su cumplimiento y de una dotación presupuestaria para inspecciones.
"Sin mecanismos efectivos de control y sanción, queda demostrado que las plataformas siguen saltándose la ley sin asumir ninguna consecuencia y agravando la crisis de acceso a la vivienda. Instamos al Gobierno a abordar frontalmente el problema de la vivienda para garantizar que los fraudes no queden impunes", resolvió.
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