Bustinduy alerta de que la crisis climática "amenaza" con "agravar" las "desigualdades", especialmente en personas mayores

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, alertó este jueves de que la crisis climática "amenaza" con "agravar" las "desigualdades", especialmente en personas mayores.

Así lo advirtió durante su intervención en la presentación en la Universidad de Barcelona del estudio 'Vulnerabilidad Social ante el Cambio Climático', que refleja los riesgos asociados al cambio climático sobre los grupos más vulnerables de la sociedad como son las personas mayores y con discapacidad, según precisó su gabinete en un comunicado.

El informe analiza los diferentes riesgos que configuran la vulnerabilidad social ante el cambio climático y concluye que las mujeres mayores son el grupo "más afectado" con respecto a la mortalidad asociada a altas temperaturas.

En el transcurso de su alocución, Bustinduy subrayó que "más del 90% de las defunciones por calor correspondió a mayores de 65 años" y puso de relevancia que la "clave" es la desigualdad social, ya que la vulnerabilidad ante el cambio climático no afecta de manera homogénea a la sociedad, sino que hay diferentes factores que aumentan el riesgo, como son la renta, la pobreza energética o la precariedad en la vivienda.

Tras puntualizar que "ninguna sociedad democrática puede permitirse que los grupos más vulnerables paguen injustamente los efectos de esta crisis climática", el ministro señaló que "los efectos de la crisis climática son ya indiscutibles", en referencia a la catástrofe de la dana y la respuesta desplegada para paliar sus efectos.

ESTADO PARA EL SIGLO XXI

En este contexto, destacó la crisis climática como uno de los elementos "más disruptivos" que van a "afectar" a la sociedad en los próximos años y que, para evitar los efectos de los futuros desastres, "debemos construir un Estado de bienestar que se adapte, con flexibilidad y eficacia, a la aparición de desastres abruptos", esto es, "un Estado de bienestar para el siglo XXI".

Para ello, avanzó que el Ministerio de Derechos Sociales trabaja en medidas como la accesibilidad del teléfono de emergencias 112 con el fin de garantizar que cualquier persona pueda pedir ayuda cuando la necesite o el desarrollo de un protocolo de gestión del voluntariado en desastres.

Por otra parte, según explicó el departamento que dirige Bustinduy, el estudio indica que tres millones de personas mayores muestran algún tipo de discapacidad que "dificulta" su adaptación ante episodios "extremos" y que, además, hay un aumento de personas mayores que viven en condiciones "precarias" en núcleos urbanos, lo cual "aumenta el riesgo frente a los impactos del cambio climático".

"En España, el 1% más rico contamina tanto como la cuarta parte del país en conjunto, en torno a 12 millones de ciudadanos" afirmó el ministro, al tiempo que exigió que "quienes más tienen deben aportar más", al entender que "no podemos permitir que algunos pretendan que sus excesos los paguen las mayorías trabajadoras".

En la misma línea, estimó que el sistema impositivo "debe gravar aquellas actividades altamente contaminantes que sólo unos pocos se pueden permitir, pero que pagamos entre todos".

LEY DE CONSUMO SOSTENIBLE

Por último, Bustinduy incidió en que, "en las próximas semanas", va a llevar al Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, con el convencimiento de que "cualquier ciudadano, independientemente de su condición económica o social, debe poder consumir de forma justa y medioambientalmente responsable, sin que las empresas se aprovechen de su condición de vulnerabilidad".

En este sentido, la ley incluye medidas como la lucha contra el 'greenwashing' o 'ecopostureo' que prohibirá que las empresas realicen afirmaciones genéricas y no comprobables sobre la sostenibilidad de sus productos o en su etiquetado, así como la publicidad de combustibles fósiles y de productos derivados.

En paralelo, regulará la reduflación o la "publicidad del miedo", esto es, aquella "diseñada específicamente para generar una falsa sensación de vulnerabilidad o peligro para generar un temor que puede inducir a la compra de servicios o productos" e incorporará el derecho a reparar y medidas contra la obsolescencia programada o para el fomento de la promoción de elecciones de compra más sostenibles.