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España, a la cola de la UE en concesiones de asilo

Agencias
lunes, 16 de junio de 2025, 13:02 h (CET)

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)


Solo el 18,5% de las solicitudes de asilo resueltas en España durante 2024 fueron positivas, lo que supone un aumento del 6% respecto al año anterior. Sin embargo, el país sigue "lejísimos" del 46,6% de reconocimientos favorables de media en la Unión Europea.


Así lo expuso este lunes la directora general de la Comisión Española de Ayuda al refugiado (CEAR), Mónica López, en la presentación del informe anual de CEAR sobre las personas refugiadas en España y Europa celebrada en Madrid.


Según sus resultados, 167.366 personas solicitaron asilo en España durante el año pasado, un 2,5% más que en el ejercicio anterior. Alrededor de 265.000 expedientes están en espera de resolución.


"Seguimos a la cola de la UE en cuanto a reconocimiento de asilo", lamentó López, tras precisar que el aumento de las protecciones internacionales se debe, sobre todo, a concesiones subsidiarias por motivos humanitarios.


Sin embargo, destacó que España es uno de los pocos países de la UE que mantiene "vías migratorias ordinarias, en especial mediante la figura del arraigo". Ello explica en parte que la tasa de reconocimiento de asilo sea mucho menor.


Con todo, el informe subraya que, "un año más, los problemas para conseguir cita y acceder al procedimiento de asilo son crónicos". Denuncia también la imposición de visados de tránsito a los ciudadanos de Sudán, Senegal y otros países del Sahel, donde la tasa de reconocimiento "está siendo muy alta".


VENEZUELA


En cuanto al origen, los nacionales de Venezuela, Colombia y Mali son los que más peticiones de protección internacional presentaron en España durante 2024. En los primeros meses de 2025, las demandas de asilo de ciudadanos venezolanos se incrementaron un 42%, hecho que López achacó en parte a las políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump.


"El fin de la protección temporal para esta nacionalidad y las detenciones y deportaciones de migrantes a El Salvador provocan que EEUU ya no sea la primera opción que solía ser para muchos venezolanos que huían de su país", explicó. Además, "están llegando a España personas venezolanas que habían migrado a Estados Unidos", prosiguió, "asustadas ante la nueva deriva".


SAHEL Y CANARIAS


Por otro lado, el informe de CEAR llama la atención sobre el caso de Mali, pues las demandas de asilo por parte de sus nacionales han aumentado de forma muy significativa debido al recrudecimiento del conflicto en el país.


Mauritania, que solía ser un Estado de tránsito, también se ha convertido en emisor de solicitantes de asilo. Resultado de todo esto es el aumento de las llegadas irregulares por vía marítima, sobre todo a Canarias, donde casi el 80% de los migrantes demandan protección internacional.


Las peticiones de algunas de estas nacionalidades se resuelven en meses, detalló López, frente a otras que se demoran más de dos años. "Existe una gran diversidad en cuanto a plazos de resolución", precisó.


En el informe, CEAR identifica además una nueva ruta migratoria que parte de Somalia y termina en Baleares, surgida "tras el taponamiento de la tradicional ruta del Mediterráneo central". De hecho, las llegadas por esta vía se han incrementado un 300%.


Según la organización, el actual volumen de entradas "no supone un reto inasumible, pero la falta de planificación y la escasa capacidad de acogida de Baleares provocan que "la respuesta de emergencia" se prolongue en el tiempo.


MENORES


El informe de CEAR critica, asimismo, que el sistema de protección que atiende a los menores migrantes que llegan a España sin referentes familiares "esté desbordado". En su intervención, el director general de CEAR, Mauricio Valiente, apeló a la solidaridad y a la responsabilidad de las comunidades autónomas, pues "aquí el problema es básicamente de acogida".


Expresó su deseo de que finalmente se apruebe la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, a fin de que los traslados de menores entre distintas comunidades puedan ser automáticos. Sin embargo, insistió en que la responsabilidad de la situación actual es compartida entre Gobierno y comunidades.


Además, valoró el auto del Tribunal Supremo que insta al Estado a asumir la tutela de los menores solicitantes de asilo, aunque coincidió con el Ministerio de Inclusión en que los niños y adolescentes no pueden alojarse en los mismos recursos de adultos que ya existen el sistema de protección internacional.


REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA


CEAR se refirió también al reciente nuevo reglamento de Extranjería que, en su opinión, presenta "luces y sombras". Dijo que flexibiliza los requisitos para adquirir el permiso de residencia mediante la figura del arraigo para personas en situación irregular, pero opinó que castiga a los solicitantes de asilo que ven sus peticiones denegadas y que les empuja a permanecer dos años más en situación irregular, ya que no les contabiliza el tiempo transcurrido mientras su solicitud se tramitaba. Por ello, Valiente instó a aprobar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de migrantes, que puede dar respuesta a "los miles de personas que se han quedado fuera".


Puso como ejemplo la regularización extraordinaria llevada a cabo con los migrantes afectados por la dana, "muy positiva" pese a las dificultades para acreditar el empadronamiento en los municipios damnificados que muchos han denunciado.


LEY DE ASILO


CEAR reiteró que el pacto europeo de migración y asilo, que entrará en vigor en 2026, refuerza "las políticas de contención, control y externalización de fronteras de la Europa fortaleza" que se aplica, dijo, desde hace años. Para adaptarse a la nueva normativa, España debe aprobar una nueva ley de asilo, explicó Valiente.


En su opinión, dicha norma debe garantizar "vías legales y seguras que permitan a las personas pedir asilo sin jugarse la vida, así como establecer "plazos deobligado cumplimiento de cara atramitación y resolución de expedientes".


Valiente reclamó también suprimir los visados de tránsito que se exigen a los nacionales de determinados países; garantizar el acceso al procedimiento; asegurar la asistencia jurídica durante todo el proceso, y aplicar el principio de no devolución.


"Nos encontramos en una encrucijada histórica. Esperemos que el Gobierno español tome el camino adecuado y descarte las políticas inhumanas que se promulgan en otros países", indicó. Tras la presentación oficial, responsables de CEAR se trasladaron al Congreso de los Diputados para hacer entrega del documento a los grupos parlamentarios.


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