Consumo colaborará con el Gobierno vasco para "controlar" el uso de pisos turísticos ilegales en Euskadi

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se reunió este jueves en Bilbao con el consejero vasco de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, en un encuentro en el que sellaron una colaboración entre el Gobierno de España y el Gobierno Vasco para "enfrentar el uso de viviendas turísticas ilegales en Euskadi".

Así lo precisó el gabinete de Bustinduy en un comunicado en el que explicó que, de esta manera, ambas administraciones "reforzarán" sus acciones en este ámbito y, más concretamente, en lo referido a la publicidad ilícita de estos alojamientos.

En el transcurso de la reunión, el ministro Bustinduy se comprometió con el consejero Hurtado a ofrecer al Gobierno Vasco toda la información que recabe la Unidad de Análisis de Consumo sobre anuncios online de pisos turísticos en Euskadi, incluyendo datos y direcciones postales y señalando a aquellos que se publicitan de manera ilícita, es decir, sin mostrar número de licencia, o mostrando una licencia incorrecta, o no especificando la titularidad del propietario de la vivienda.

"Una vez recibidos estos datos, el Gobierno Vasco podrá cruzarlos con la información propia de la que disponen en cuanto a viviendas turísticas", abundó Consumo, y, en este sentido, en declaraciones a los medios de comunicación previas a dicha reunión, Bustinduy aseveró que, "de aquí derivarán actuaciones conjuntas" para "perseguir el objetivo común" de "erradicar" los pisos turísticos ilegales y "garantizar que no se convierten en un obstáculo para el derecho efectivo a la vivienda de millones de familias trabajadoras".

Durante el encuentro, Pablo Bustinduy resaltó las acciones que se están llevando a cabo desde el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo para afrontar "la proliferación descontrolada de pisos turísticos que está expulsando del centro de las ciudades a vecinos y vecinas".

El ministro se refirió también al bloqueo que ha impuesto a Airbnb de más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos, una acción que, según recordó, fue "avalada recientemente" en un primer auto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Junto a ello, mencionó, además, el expediente sancionador abierto desde la Dirección General de Consumo a una plataforma de alquiler de pisos turísticos por no retirar publicidad ilícita, así como los expedientes sancionadores que se abrieron desde la cartera que dirige a grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas "engañosas".

De la misma forma, Bustinduy hizo hincapié en el trabajo de la Unidad de Análisis de Consumo, que ha recopilado datos sobre anuncios de alojamientos de uso turístico en regiones con gran afluencia de turistas como Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía y Madrid.

PRESTACIÓN UNIVERSAL POR CRIANZA

Por otra parte, Bustinduy también participó en la inauguración en Bilbao de las jornadas 'Voces del Desarrollo Sostenible: La Agenda 2030 en los Territorios', que se celebran en la Universidad del País Vasco y, durante su discurso, en la sesión 'Claves para acabar con la pobreza infantil y la desigualdad', reivindicó una de sus principales propuestas para combatir los índices de pobreza infantil que hay en España, como es aprobar una prestación universal por crianza.

"Tener hijos e hijas va camino de convertirse en un factor de riesgo de pobreza en España y esto es inaceptable en un país democrático que es la cuarta economía de Europa y que tiene los datos de crecimiento económico más sólidos entre sus países vecinos", manifestó, convencido de que erradicar dicha pobreza "debe ser la primera prioridad del país en su conjunto".

En el transcurso de su alocución, el ministro aseguró que el Gobierno de España debe aprobar una prestación universal por crianza "antes de que termine esta legislatura", convencido de que tendría un "impacto inmediato para sacar a miles de familias de la pobreza o del riesgo de exclusión, como demuestran los estudios que se han realizado en aquellos países donde se ha puesto en marcha esta medida", vigente en 20 de los 27 Estados miembro.

Bustinduy también defendió que esta medida supondría un nuevo derecho de ciudadanía y que su adopción es "necesaria" porque los instrumentos con los que España cuenta actualmente para combatir la pobreza infantil, "si bien son importantes, no están siendo del todo capaces de llegar a los hogares más vulnerables".

A esto añadió que España necesita modificar su sistema fiscal, para que sea "más progresivo y justo" y garantizar que "los que más tienen aporten de forma proporcional a su riqueza, y no al revés".

Además del ministro Bustinduy, en la inauguración de estas jornadas, impulsadas por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible en España, también participaron la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa.