El Congreso tramitará cambiar la ley para salvar poblados y clubes náuticos cerca del mar

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este martes tomar en consideración una proposición de ley presentada por el PP que pretende modificar la Ley de Costas para mantener algunos poblados cercanos al mar y que pueden ser derribados al estar situados en dominio público marítimo terrestre por el avance de la línea del mar debido al cambio climático, así como el Reglamento General de Costas para mantener los clubes náuticos federados.

La iniciativa contó con 189 votos a favor, 155 en contra y una abstención, con lo que inicia su tramitación parlamentaria.

La proposición de ley busca salvar del derribo edificaciones residenciales o comerciales de núcleos urbanos con valores culturales, históricos o etnológicos que merezcan ser conservados a juicio del ayuntamiento donde radiquen y que obtengan un dictamen favorable de la comunidad autónoma en cuestión; que estén integrados en el entorno costero de forma que su demolición suponga una pérdida de patrimonio cultural, histórico o turístico; y que existan antes de su inclusión en el dominio público marítimo terrestre con ocasión de la Ley de Costas, de 1988.

Esos núcleos urbanos serían excluidos del dominio público marítimo terrestre mediante la práctica del deslinde y se regirían por el régimen de zonas de servidumbre de protección. El Gobierno protegería esas zonas.

Según el PP, existen núcleos de ese tipo como el poblado marítimo de Torre La Sal en Cabanes, 'les casetes' de la Mar de Nules, de Almenara o de Xilxes (Castellón); Sagunto y Tavernes de Valldigna (Valencia); Puntas de Calnegre, Cabo de Palos y Los Nietos (Región de Murcia); 'Casetes de Vorera' en Menorca; Punta Larga y El Faro en Fuencaliente (Isla de La Palma); El Altillo, Casas Quemadas o La Barranquera (Gran Canaria) o Tufia (Gran Canaria).

"No hablamos de construcciones ilegales, no hablamos de urbanismo salvaje, no hablamos de pelotazos urbanísticos, no hablamos de rascacielos. Hablamos de viviendas humildes, de construcciones de baja densidad, integradas y a raíz en un entorno paisajístico y cultural, que nada gana con su desaparición", comentó Carlos Gil, del PP.

Gil añadió que los clubes náuticos forman parte de la "identidad" del litoral español y que, "por lógica, precisan tener sus instalaciones junto al mar". "Han contribuido y lo siguen haciendo al crecimiento deportivo, social y económico de sus ciudades y al desarrollo de una actividad que hoy también se ve amenazada por una aplicación rígida de la ley que pedimos adaptar a esa realidad", subrayó, antes de sentenciar: "No se trata de abrir la puerta a nuevas ocupaciones ni de justificar abusos".

"TRAMPA"

Por su parte, Víctor Camino, del PSOE, indicó que esos cambios que propone el PP suponen "una trampa llena de expectativas que no podrán cumplir" porque "ni protege la costa, ni da seguridad a los afectados y se salta la legalidad únicamente por el interés de quien especula".

Camino indicó que le llamó la atención "añadir los clubes náuticos como víctimas de la protección al medio ambiente" y recalcó que la iniciativa está redactada para "favorecer a determinados grupos de interés y poner de escudo a los vecinos".

Patricia Rueda, de Vox, adelantó el voto a favor de la toma en consideración de la proposición de ley al comentar: "Estamos hablando de proteger el patrimonio natural. Estamos hablando de proteger el litoral. Estamos hablando de garantizar la vivienda a muchos que durante décadas, décadas están viviendo en zonas en las que se han criado con su madre y con los seres que más quieren".

Júlia Boada, de Sumar, indicó que la iniciativa "no plantea una política para el litoral, sino unos parches para mantener los privilegios de aquellas edificaciones cerca del agua que están dentro del dominio público mediante el deslinde debido al retroceso de la línea de la costa".

Teresa Jordá, de Esquerra Republicana, desveló el voto favorable de su grupo a la toma en consideración de la proposición de ley para trabajar en una iniciativa "a favor de la economía azul y de la preservación de nuestro litoral".

Idoia Sagastizabal, del PNV, también apoyó tramitar la iniciativa para que mejore en la fase de enmiendas al articulado porque "preservar el medio ambiente litoral debe ser compatible con otorgar seguridad jurídica a situaciones singulares" en asentamientos afectados por la regresión del mar.

Noemí Santana, de Podemos, rechazó tramitar la proposición de ley porque, a su juicio, deja "la puerta abierta a la legalización de construcciones que han invadido nuestras costas y un dominio que es público marítimo".

Y Cristina Valido, de Coalición Canaria, votó a favor de la toma en consideración de la iniciativa para mejorar el texto "caso a caso" y "respetando las competencias territoriales".