Admitida una denuncia de Conpymes contra subvenciones de la Comunidad de Madrid a organizaciones empresariales

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por la patronal Conpymes contra la Orden de 13 de marzo de 2025, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid por la que se aprueba el plan estratégico de subvenciones para la concesión de una subvención a la asociación de autónomos ATA y a la patronal de jóvenes empresarios Ceaje para la realización de actuaciones de asesoramiento, por entender que "no se ajusta a Derecho".

Teniendo en cuenta que ambas organizaciones forman parte de CEOE, Conpymes considera que la concesión de tres millones de euros de forma directa a entidades "afines" es "contraria a los intereses públicos, a la Constitución y a las leyes e intereses de otras organizaciones empresariales que no pueden acceder a estas subvenciones en igualdad de oportunidades".

Por ello, denunció que "no se respeta" la ley ni los pasos establecidos en el artículo 103 de la Constitución Española, que establece los principios rectores de la Administración Pública, indicando que "la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho".

El presidente de Conpymes, José María Torres, destacó que "la Administración Pública debe actuar sin preferencias ni discriminaciones, buscando el bien común y no actuando sin justificación y sin respetar lo expuesto en la Ley General de Subvenciones".

Por otro lado, Conpymes indicó que ya hubo una sentencia del Tribunal Supremo en la que dio la razón a Conpymes y anuló el Real Decreto 1027/2022, de 20 de diciembre, por el que se regulaba la concesión de subvenciones directas y exclusivas para los llamados "interlocutores sociales más representativos". En este sentido, la sentencia del Alto Tribunal declaró anulado un decreto ley que otorgaba 30,6 millones de euros para CEOE-Cepyme y UGT para cursos de formación en digitalización.

A criterio de Conpymes, el Supremo fue "muy claro" cuando dijo que "no son los sindicatos de clase y la patronal los únicos interlocutores representativos, por lo que la idea de posición única carece de toda justificación", asumiendo por parte de la Justicia que otros interlocutores "deben poder participar de estas subvenciones".