Bustinduy advierte de que la democracia tiene "una deuda insaldable" con el pueblo gitano que es también "consigo misma"

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, advirtió este miércoles de que la democracia española tiene una "deuda insaldable" con el pueblo gitano que "no es solo con el pueblo gitano", sino una "deuda de la democracia española consigo misma". Por ello, urgió a intervenir "de manera decidida" para "atajar todas las formas de violencia, discriminación y desigualdad" que, a su juicio, "aún hoy sufre la comunidad gitana en España".

Así lo denunció en el transcurso de su intervención en el acto de presentación del Plan de Empleo para el pueblo gitano, 'Un futuro de empleos dignos: estrategia para la población gitana 2025-2028', que, según avanzó, va a "incidir directamente" sobre la "realidad cotidiana, vivida", de la población gitana en España.

En este sentido, en el marco de este plan de actuación para la mejora de la empleabilidad de la población gitana se desplegarán medidas que permitan "facilitar" el acceso de las personas gitanas desempleadas a los servicios públicos de empleo, a la formación, a la adquisición de competencias digitales, al asesoramiento, al acompañamiento a emprendedoras, especialmente a las mujeres gitanas en entornos rurales y urbanos.

"Evaluar, analizar, intervenir para mejorar, es la única manera de avanzar en una democracia", abundó, convencido de que "esto solo sucede si existe un tejido social, una sociedad civil organizada, consciente y reivindicativa que empuje a los poderes públicos a actuar".

Con respecto al contexto en el que se lanza este plan de empleo, Bustinduy defendió que el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España "tiene necesariamente una doble cara, una doble significancia".

PROFUNDÍSIMA HUELLA

"Es un año de celebración, para poner en valor la profundísima huella cultural, social, lingüística, política que el pueblo gitano ha dejado y deja cada día en España, sin la cual es imposible entender nuestro país", explicó, consciente de que, "al mismo tiempo", esta efeméride "debe servir para reconocer las profundísimas desigualdades estructurales que afectan de manera cotidiana y desproporcionada e injusta a la población gitana en este país".

Se trata, a su entender, de "reconocer para actuar, para acabar con ellas" y, a este respecto, puntualizó que hay un 17% de la población gitana con estudios secundarios obligatorios frente al 77% de la población general; un 26% de las personas gitanas que perciben rentas del trabajo con un salario medio de 754 euros frente a los 1.250 de la población general.

"Cifras y datos importantes para entender lo que pasa; pero a veces se nos olvida que, detrás de las cifras, de los porcentajes, de las estadísticas, hay personas, circunstancias, comunidades, pero también estructuras sociales que determinan nuestra forma de estar en el mundo, que limitan la libertad y las opciones, que se imponen demasiadas veces como un destino y no puede ser", apostilló.

En paralelo, afeó que haya quien "usa" estas cifras y datos "exactamente para lo contrario de lo que hay que hacer en una democracia: para estigmatizar, culpabilizar, imputar responsabilidades individuales cuando de lo que estamos hablando es de una realidad social y de una responsabilidad colectiva".

RECONOCER Y ESCUCHAR

Ante esta situación, según su criterio, "lo primero es reconocerlo" y, "lo segundo, escuchar", motivo por el cual ve "tan importante que las personas gitanas hablen con voz propia y que las administraciones públicas las escuchen para poder actuar" sobre su "realidad".

"Y, a continuación, con un diagnóstico adecuado, con participación democrática, intervenir de manera decidida para atajar todas las formas de violencia, discriminación y desigualdad que aún hoy sufre la comunidad gitana en España", incidió, convencido de que este plan de empleo "es un buen ejemplo de ese procedimiento, de ese deber y de esa tarea que tenemos que hacer".

En este punto, aseveró que la democracia española "no será una democracia plena hasta que se realice su misión, su vocación constitucional de ser un Estado social que reconozca la plena igualdad de la condición de ciudadanía para todos y para todas".

"Hasta que se haga efectivo, hasta que se haga real, esa aspiración constitucional que dice una verdad universal, sencilla y compleja a la vez y es que todos y todas somos iguales en derechos", prosiguió, al tiempo que afirmó que, "interviniendo para mejorar la realidad cotidiana del pueblo gitano, la democracia española no está solo interviniendo para mejorar la vida del pueblo gitano, está interviniendo para mejorarse a sí misma, a todos y a todas".

OBLIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD

En la misma línea, estimó que esta es "una obligación y una responsabilidad con el pueblo gitano, pero con la democracia española misma" y que el Estado social "no es otra cosa que la promulgación solemne de la dignidad de todos y de todas; es no responsabilizar de la violencia, de la exclusión y la desigualdad a quien la padece y es asumir una verdad esencial que es que nos necesitamos los unos a los otros; que, precisamente porque somos diferentes, nos afirmamos como iguales".

Por último, llamó a "ser conscientes de que avanzar hacia una vida mejor, progresar, tener una democracia más plena es algo que no podemos hacer cada uno y cada una por nuestro lado, sino que solo se puede afianzar de manera colectiva" y deseó que este plan "sea un paso en ese camino y que vengan muchos más después".