Alberto Reyero declara que hubo "discriminación clara" con los protocolos en residencias que no eran "éticos ni morales"

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

El exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid Alberto Reyero declaró este martes en los Juzgados de Leganés dentro de la investigación sobre los protocolos que limitaron el traslado de mayores en residencias públicas a los hospitales durante la primera ola de la pandemia de covid-19, y allí dijo que esas normas supusieron una "discriminación clara" que impusieron criterios que no fueron "ni éticos ni morales".

Reyero respondió a las preguntas del juez, de la Fiscalía y de la acusación y dijo no saber "quién es el autor ideológico" de estos protocolos, sino sólo quién los firmó. El exconsejero añadió que tuvo conocimiento de estos protocolos 21 de marzo de 2020, e inmediatamente alertó a otros cargos del Gobierno autonómico de que su aplicación iba a significar que "moriría mucha gente de forma indigna".

Además, el juez de Instrucción número 6 de Leganés suspendió este martes la declaración como testigo de Antonio Burgueño, exasesor del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, al revelar éste que se le encomendó "el mando único" sanitario de la Comunidad de Madrid a partir del 10 de marzo de 2020, tras mantener una reunión con la presidenta regional, su jefe de gabinete y el consejero de Sanidad.

Fuentes presentes en la declaración explicaron que en ese momento la Fiscalía pidió la suspensión de la declaración a la que Burgueño comparecía en calidad de testigo, puesto que al ser uno de los responsables de los protocolos que limitaban la derivación de mayores en residencias públicas a los hospitales, podría acabar como investigado.

Por ese motivo y para evitar que pudiera producirse una situación de indefensión, el Ministerio Público paró el interrogatorio y solicitó su suspensión, medida que el juez acabó adoptando.

En este momento este juzgado de Leganés y el número 3 de Madrid investigan ya las muertes en residencias durante la pandemia por un delito de discriminación en el acceso al sistema de salud público. Este martes estaban citados también el presidente del grupo HM Hospitales, Juan Abarca Cidón, y las dos denunciantes, cuyas madres murieron siendo residentes. Todos ellos comparecen como testigos.

Tanto Burgueño como los exaltos cargos de la Comunidad de Madrid imputados en esta causa Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo ya fueron citados a declarar como imputados el pasado día 26 ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, pero su comparecencia se suspendió a petición de su defensa.

La declaración de Abarca Cidón también tuvo trascendencia puesto que como responsable de un grupo privado de hospitales reconoció ante el juez que aquellos ancianos que tenían seguro y ambulancia privadas pudieron ser derivados a hospitales.

A las puertas de juzgado se celebró una concentración convocada por Marea de Residencias que recibió con aplausos a Reyero y con gritos relativos a los 7.291 muertos en residencias a Burgueño.

A los investigados en esta causa reabierta poco antes de que prescribiera se les imputa un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal con entre seis meses y dos años de prisión. Previamente se habían producido decenas de archivos en distintos juzgados ante los que se denunciaron estos hechos como homicidio imprudente.

El próximo 17 de junio están citados en calidad de investigados los exaltos cargos del Gobierno regional Carlos Mur, Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca. Además, está también llamada como investigada la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa, María Jesús Molina.