La Plataforma de Infancia reclama que la figura de referente de protección sea obligatoria en los centros residenciales

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

La Plataforma de Infancia pidió este martes a las comunidades autónomas que establezcan como obligatoria la figura de referente de protección en los centros residenciales de menores de edad, tal y como se establece para los ámbitos educativo, deportivo o de ocio.

Lo hizo en un comunicado emitido cuatro años después de la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), de la que saludó los avances cuya aplicación ha traído, como la creación de nuevos órganos judiciales especializados en violencia contra los menores.

A pesar de ello, la responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, Almudena Escorial, advirtió de que "aún queda mucho por hacer para garantizar una implementación plena y efectiva de la Lopivi en todo el territorio nacional".

En ese sentido, transmitió la preocupación que rodea a las organizaciones de infancia para "garantizar los derechos de los 17.112 niñas, niños y adolescentes que residen en centros de protección en España y que son especialmente vulnerables frente a la violencia por múltiples factores como verse separados de sus madres, padres o figuras de apego, no disponer de atención individualizada o provenir de entornos marcados por la negligencia o el maltrato".

A lo anterior se suma, añadió Almudena Escorial, "el hecho de que en ciertas situaciones la localización de los centros sea conocida", lo que "los expone a redes de explotación".

La Plataforma de Infancia recordó que la Lopivi y el plan de acción contra la explotación sexual de niños y adolescentes del sistema de protección concreta que "se deben poner en marcha medidas específicas para proteger a la infancia frente a la explotación sexual, como la creación de servicios especializados de atención y recuperación integral para niñas y adolescentes víctimas de explotación y el desarrollo de formaciones especializadas en prevención y detección de explotación sexual a todas las personas trabajadoras de los centros residenciales".

Pese a ello, denunció que "no todas las entidades públicas de protección cuentan con protocolos de actuación para la prevención, detección, denuncia, comunicación y reparación de situaciones de violencia que pueden sufrir las niñas, niños y adolescentes en los centros residenciales".

Por esa razón, la Plataforma de Infancia deslizó la conveniencia de poner en marcha un protocolo marco de actuación contra la violencia que "garantice estándares homogéneos en todos los centros de protección", una iniciativa que "actualmente se encuentra pendiente de aprobación por parte del Gobierno".

Por ello, la Plataforma de Infancia pide su desarrollo y aplicación en todas las comunidades autónomas, a partir de un protocolo marco de actuación contra la violencia que garantice estándares homogéneos en todos los centros de protección que actualmente se encuentra pendiente de aprobación por parte del Gobierno.

A su vez, esta entidad reseñó que "una de las principales carencias" de la Lopivi es "la falta de obligatoriedad de la existencia de una figura referente de protección en los centros residenciales, a diferencia de otros ámbitos como el educativo, deportivo o de ocio, donde sí está contemplada".

Por ello, instó a las comunidades autónomas a que "desarrollen en su normativa esta figura de protección, para que sea adaptada a las características del acogimiento residencial y sea implementada en todos los recursos de protección a la infancia".

Por su parte, la Plataforma de Infancia consideró oportuno el establecimiento de "mecanismos de comunicación, queja y denuncia seguros, bien promocionados, confidenciales, accesibles, eficaces y adaptados para que las niñas, niños y adolescentes puedan recibir asesoramiento, informar de situaciones de violencia u otras vulneraciones de sus derechos, así como presentar denuncias de casos de violencia".

Por último, Almudena Escorial señaló la pertinencia de "garantizar que las niñas, niños y adolescentes pueden acceder a las instituciones encargadas de velar por sus derechos, como Defensorías del Pueblo o de la infancia o el Ministerio Fiscal" y llamó a "contar con la participación efectiva de la infancia y adolescencia privada de cuidado parental, escuchándolos y teniendo en cuenta sus opiniones y propuestas en la toma de decisiones".