MADRID, 15 (SERVIMEDIA)
España ha reducido entre un 50% y un 74% las muertes ilegales de algunas especies de aves desde 2020, según el informe 'The Killing 3.0', elaborado por la organización ambiental BirdLife International y difundido este jueves.
El documento evalúa el progreso de 46 países frente al Plan Estratégico de Roma (2020-2030) adoptado en el marco del Convenio sobre Especies Migratorias, que busca reducir al 50% la caza, captura y comercio ilegal de aves a finales de esta década.
Partiendo de los datos del informe de 2016 ('The Killing 2.''), que estimaban la muerte de unos 26 millones de aves anualmente por prácticas ilegales, la nueva investigación apunta que el 83% de los países no están en camino de cumplir esa meta de reducción, un 19% han empeorado sus cifras desde 2020, especialmente en Egipto, Siria, Chipre y Libia, y solo ocho países (17%) muestran avances significativos.
La caza ilegal de aves, motivada a nivel global principalmente por el lucro comercial, prácticas 'tradicionales' no sostenibles (como el parany o la captura de aves canoras para enjaular), su uso como mascotas o el control de predadores, es la segunda causa de declive de aves migratorias tras la pérdida de hábitat.
Especies amenazadas como la tórtola europea y el alimoche común, u otras como el jilguero común o la codorniz, son algunas de las que enfrentan amenazas críticas por disparos, envenenamiento o trampas ilegales.
ESPAÑA, MODELO DE ÉXITO
El informe señala que España es uno de los pocos países que ha logrado avances notables, al destacar la prohibición definitiva en 2018 de la caza de fringílidos para enjaular y concursos de canto, lo que redujo las capturas ilegales en cientos de miles especímenes anuales.
Gracias a las medidas implantadas en la lucha el envenenamiento de fauna, desde 2010 se viene registrando una reducción continuada de los episodios de mortalidad por este método masivo y no selectivo en España.
Además, se han puesto en marcha proyectos innovadores que han contribuido a impulsar la adopción de medidas contra la caza y captura ilegal de aves, como LIFE Veneno y LIFE Guardianes de la Naturaleza, que han fortalecido la colaboración entre ONG, agentes de la autoridad y administraciones públicas, y han disminuido la caza ilegal de fauna entre un 50% y un 74% desde 2020.
La creación y formación de unidades especializadas de medio ambiente en los diferentes cuerpos policiales (Seprona, agentes forestales y de medio ambiente, policías autonómicas, etc.) y la Fiscalía General del Estado, así como la labor de detección y forense de los Centros de Recuperación de Fauna, han permitido la mejora en la detección, investigación y judicialización de los delitos contra la fauna.
DESAFÍOS
No obstante, España mantiene algunos retos que ponen en riesgo los resultados obtenidos. Los intentos de recuperar y legalizar algunas prácticas de caza ilegal prohibidas como el parany (caza con pegamento) en Valencia o la captura de fringílidos asociada al silvestrismo, pueden poner al país en la situación en la que se encontraba en 2016, cuando se registraban altos índices de mortalidad ilegal.
Además, el nivel de implicación de las comunidades autónomas no es homogéneo y se han detectado carencias en el destino de recursos para la formación y especialización de los servicios encargados de la lucha contra las infracciones ambientales o de los centros de recuperación de fauna, piezas esenciales para la obtención de pruebas en los procesos legales abiertos en caso de delitos o infracciones contra la fauna.
Por otra parte, algunas modalidades de caza, captura y comercio ilegal de aves, como la destrucción de nidos de especies migratorias, necesita de un amplio trabajo de sensibilización y compromiso de los actores públicos y privados para garantizar la conservación de especies con pérdidas significativas de población (de más del 50% en algunos casos), como golondrinas, aviones comunes o vencejos.
Igualmente, la caza de especies en declive como la tórtola común o la codorniz supone la pérdida anual de miles de ejemplares de aves que deberían estar catalogadas como amenazadas, según BirdLife.
Además, España sigue siendo un nodo para el tráfico ilegal de rapaces hacia Oriente Medio y de entrada en Europa de aves exóticas desde Latinoamérica, lo que se une al comercio online, que hace de Internet un punto negro para numerosas especies.
"España demuestra que, con voluntad política, un marco normativo eficiente y la cooperación entre distintos actores, el cambio es posible. Pero urge armonizar y aumentar recursos en todas las regiones españolas y erradicar prácticas ilegales que aún se amparan en la tradición o en una interpretación retorcida de la normativa", según David de la Bodega, coautor del estudio y técnico del Área de Gobernanza Ambiental de SEO/BirdLife.
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