El Congreso rechaza la pretensión de Vox de endurecer las penas por el delito de matrimonio forzado

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó este martes la pretensión de Vox de modificar el Código Penal y endurecer las penas por el delito de matrimonio forzado, que considera vinculado a la inmigración ilegal. En concreto, la toma en consideración de su proposición de ley fue rechazada con 169 votos a favor, 175 en contra y sin abstenciones.

Vox defendió en el Pleno una proposición de ley para modificar la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal con el objetivo de endurecer las penas del delito de matrimonio forzado que, considera, "es una realidad presente en nuestro país" a consecuencia de la "inmigración ilegal masiva" que, en algunas regiones como Cataluña, "está creciendo exponencialmente".

Blanca Armario, diputada de Vox, aseguró en el Hemiciclo que los casos de matrimonio forzado están vinculados directamente con el islam y la migración procedente del Magreb.

La propuesta recogía la modificación del artículo 172 bis de dicha ley para castigar con una pena de prisión de uno a tres años y seis meses a quien por medio de la intimidación grave o violencia obligue a otra persona a contraer matrimonio. Actualmente el Código Penal incluye una pena para este delito de seis meses a tres años y seis meses o multa de doce a veinticuatro meses.

Del mismo modo, la modificación que solicitaba Vox contempla pena de prisión (en su mitad superior) para quien "utilice violencia, intimidación grave o engaño para forzar a otro a abandonar el territorio español o a no regresar al mismo" por motivo de matrimonio forzado, aspecto no recogido hasta ahora en la Ley.

Vox asegura en la exposición de motivos de su propuesta que "a resultas de los fenómenos migratorios de las últimas décadas —regidos, en el caso de España, por políticas de fronteras abiertas e incentivos a la inmigración masiva—, el matrimonio forzado se ha convertido también en una realidad presente en nuestro país. Ello, a pesar de constituir un fenómeno distante del ethos occidental y propio, en cambio, de culturas donde se niega o minusvalora la dignidad inalienable de la persona y, particularmente, de la mujer. Según evidencian datos del Instituto Nacional de Estadística, en España hay ya comunidades enteras que proceden de países donde es aceptada la práctica del matrimonio forzado. De hecho, está sucediendo que, en las regiones donde se recibe más inmigración masiva, como Cataluña, los matrimonios forzados están creciendo exponencialmente".

Durante el debate, la diputada de Vox Blanca Armario afirmó que el matrimonio forzado está creciendo en España debido a "políticas de fronteras abiertas que el bipartidismo promueve en Europa". Según afirmó, en España "la mayoría de estas menores -que son objeto de matrimonio forzado- proceden de Magreb, de África subsahariana y de Asia Central. El mismo Ministerio del Interior corrobora que hay importantes comunidades en España que proceden de países como Marruecos, China, Pakistán, Senegal o Nigeria. Países donde impera el Islam, que es la religión que tiene interiorizado el matrimonio forzoso como un deber. Desgraciadamente, este fenómeno existe debido a culturas que siguen un patrón de conducta, porque su moral, su religión, sus principios ve con buenos ojos el matrimonio concertado de niñas desde que nacen".

Desde el PNV, Mikel Legarda avanzó en su intervención de que no aprobarían la propuesta por la "visión reduccionista y sesgada" ofrecida por la diputada de Vox al conectar los matrimonios forzados con la inmigración. El diputado destacó que en España el 90% de los casos de matrimonios forzados tienen protagonistas de origen rumano y no, como indica Vox, magrebí.

La diputada de ERC Etna Estrems acusó a Vox de boicotear el Pacto de Estado de Igualdad donde, indicó, deberían haber llevado esta propuesta. Por su parte, Esther Gil de Reboleño, de Sumar, acusó a los diputados de Vox de "instrumentalizar a las mujeres".

Por su parte, la diputada socialista Maribel García López acusó a la parlamentaria de Vox de "estar movida por la ignorancia" y la "hipocresía" porque, aseguró, "el apoyo a las víctimas de matrimonios forzados en España se articula a través de varios textos legislativos que han sido aprobados en esta cámara en estos últimos años, como la Lopivi (Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la violencia) que establece el matrimonio infantil como forma de violencia que afecta a los menores y especialmente a las niñas. En su artículo 24 regula actuaciones de prevención y en el 26 medidas enfocadas a desarrollar programas de formación, pero ustedes votaron que no. La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual considera de forma inequívoca que el matrimonio forzado es una violencia sexual, pero ustedes votaron que no".

Desde la bancada popular, Silvia Franco destacó que no coincide con Vox en el vínculo que este grupo realiza entre el matrimonio forzado y la inmigración, pero aprovechó su intervención en el Pleno para reprochar al Ejecutivo de Pedro Sánchez y al Ministerio de Igualdad que no haya sido capaz de llevar al Congreso la Ley de Trata.