MADRID, 06 (SERVIMEDIA)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, subrayó este martes que la modificación legislativa anunciada por su departamento para "acabar" con la renovación automática de contratos o suscripciones que "muchas veces imponen las grandes compañías online" persigue "garantizar" el derecho a "decidir" por parte del usuario.
Así lo reivindicó en declaraciones a los medios de comunicación previas a su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Senado y en las que aseveró que se trata de "reforzar la transparencia, garantizar el derecho de los consumidores a decidir qué contratan y hasta cuándo, qué pagan y qué deciden no pagar" y, junto a ello, "por supuesto, de prevenir prácticas abusivas".
A este respecto, fuentes de su gabinete precisaron que los contratos de duración determinada que se suscriben, por ejemplo, a través del móvil con aplicaciones y que están sujetos a renovación dejarán de renovarse automáticamente.
"Las empresas deberán informar al consumidor con 15 días de antelación de forma previa al vencimiento del plazo para comunicar la voluntad de no renovación, del vencimiento de dicho plazo y de las consecuencias de no comunicar la cancelación de la renovación", abundaron.
En este contexto, confirmaron que esta medida busca garantizar que las personas consumidoras lleven a cabo un consumo "consciente" y recordaron que, en aquellos contratos renovables, de duración determinada, es necesario que los servicios de atención a la clientela faciliten información a las personas consumidoras sobre la renovación automática de la suscripción "con antelación suficiente para que puedan tomar una decisión consciente al respecto".
"La ausencia de esta comunicación previa da lugar a renovaciones sistemáticas de servicios no requeridos", apostillaron, al tiempo que incidieron en que esta medida está pensada "principalmente" para "evitar" renovaciones automáticas de suscripciones a aplicaciones de las que el consumidor "hasta ha olvidado estar suscrito".
JUEGO
En paralelo, Bustinduy hizo hincapié en que, a lo largo del año 2024, su cartera impuso sanciones por valor de casi 143 millones de euros a operadores del sector de las apuestas y los juegos de azar online por incurrir en prácticas "lesivas" de la normativa.
"De nuevo, el principio del Ministerio de Consumo es el mismo, garantizar la protección y los derechos de los consumidores y combatir el fraude y las prácticas abusivas, los cometa quien los cometa y sin importar el tamaño o el poder que tengan las compañías que sean responsables de esos abusos", resolvió.
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