Ayuso amenaza con un recurso contencioso-administrativo si el Gobierno no evalúa el coste de su Ley de Eficiencia de la Justicia

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este lunes que el Gobierno regional presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo si el Gobierno central sigue sin evaluar el coste de su Ley de Eficiencia de la Justicia antes del 10 de mayo.

Así lo afirmó durante su intervención en el acto de presentación de la maqueta de la nueva Ciudad de la Justicia, donde señaló que esa Ley de Eficiencia "supone un nuevo intento de control del Poder Judicial, puesto que es un cambio ideológico de la organización del sistema judicial que se ha hecho sin contar con el propio Poder Judicial ni con las comunidades autónomas".

En este sentido, continuó, "disfrazada de palabras mágicas como modernizar o simplificar, hay un nuevo caballo de Troya de la ideología que no cree en la separación de poderes", y añadió que, "donde dice eficiencia deberíamos saber leer control del Ejecutivo sobre la independencia judicial y el acceso a la tutela judicial efectiva".

Ayuso aseguró que, "vestida de supuestos nuevos medios de resolución de conflictos se esconde ese sueño de los totalitarios de la justicia popular, la justicia sin jueces, y ninguna de estas amenazas es nueva". Así, constató que, "desde hace décadas hay una obsesión por controlar el Poder judicial, y esto mismo hacen muchos compañeros de ideología en otros lugares del mundo".

En su intervención incidió en que los presidentes autonómicos "no somos meros ejecutores de planes del Gobierno", sino que "tenemos una responsabilidad y somos también garantes del orden constitucional, de la unidad nacional, del Estado de derecho, de los derechos fundamentales de todos los españoles vivan donde vivan". Por tanto, remarcó que "no nos es ajeno lo que ocurre en ningún lugar de España ni en ningún ámbito y mucho menos cuando hablamos de la separación de poderes".

La presidenta recordó que el pasado 10 de abril se presentó un requerimiento formal al Gobierno para que, "de manera inminente, evaluara el coste real de esta Ley de Eficiencia y dote a las comunidades autónomas de la financiación suficiente". A este respecto, remarcó que, "si no se evalúan los costes, estas leyes ideológicas siguen adelante carcomiendo más y más", por lo que, "de no atender al requerimiento antes del 10 de mayo, vamos a interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo".