MADRID, 06 (SERVIMEDIA)
El juicio por el mayor pelotazo de la 'trama Púnica' arranca en la Audiencia Nacional este lunes. Se sientan en el banquillo 37 acusados, entre los que hay ocho exalcaldes madrileños, técnicos municipales, directivos de la empresa Cofely y el empresario arrepentido David Marjaliza, por amañar contratos públicos a favor de la mercantil especializada en eficiencia energética.
La vista en la que se juzgará la pieza número seis del 'caso Púnica' tiene fijadas un total de veinte jornadas y está previsto que finalice el próximo 29 de mayo. Los hechos que se juzgarán se refieren a irregularidades presuntamente cometidas en varios municipios madrileños entre los años 2012 y 2014.
La Fiscalía Anticorrupción pide penas para los implicados que llegan hasta los 20 años de prisión, aunque las fuentes consultadas no descartan que pueda haber acuerdos que impliquen rebaja de penas. De hecho, Marjaliza comenzó hace años una línea de colaboración con el Ministerio Público que le supuso una sustancial reducción de penas.
Según el auto de pase a procedimiento abreviado del juez instructor, Manuel García-Castellón, los hechos que se enjuician podrían constituir delitos de cohecho de cargo público, prevaricación, fraude, tráfico de influencias, revelación de información reservada, cohecho de particular en concurso con prevaricación administrativa, fraudes y delito de cohecho en persona jurídica. Los contratos irregulares podrían haber supuesto un valor superior a los 220 millones de euros.
Las concesiones amañadas se habrían producido en los municipios de Alcalá de Henares (11.847.479 euros), Collado Villalba (35.467.135 euros), Moraleja de en Medio (2.862.975 euros), Móstoles (60.449.119 euros), Parla (54.659.019 euros), Torrejón de Velasco (4.111.395 euros) y Valdemoro (50.280.748 euros).
Entre los investigados se encuentran los exalcades de Almendralejo, José García Lobato; Parla, José María Fraile Campos; Moraleja de En medio, Carlos Alberto Estrada Pita; Móstoles, Daniel Ortiz Espejo; de Collado Villalba, Agustín Juárez Lopez de Coca; de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga; de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas Navarro; y, de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández.
Marjaliza confesó haber repartido personalmente "el dinero que Cofely pagó a sus empresas instrumentales" entre los cargos públicos y políticos salpicados por el escándalo. Según el juez instructor, los implicados actuaron "como una presunta organización criminal con una planificación integral, con vocación de permanencia e interviniendo en varios Ayuntamientos objeto de investigación en la pieza 6, pero con la aspiración y la mirada puesta en hacerse con más contratos de eficiencia energética en entidades locales u organismos, ofreciendo acuerdos de corrupción con las autoridades y técnicos que adjudicaban".
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