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MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
Las personas con Daño Cerebral Adquirido (DCA) que viven en el medio rural presentan “más secuelas” que aquellas que residen en zonas urbanas, según denuncian las asociaciones Adacebur (Burgos), Ictus de Asturias, Adacea Jaén, Adace Castilla-La Mancha y Sarela (Santiago de Compostela), que también alertan de que estas personas cada vez “son más jóvenes”.
Así lo puso de manifiesto la neuropsicóloga de la Asociación Adacebur de Burgos, Inmaculada García, en un encuentro informativo celebrado en Servimedia y moderado por su director general, José Manuel González Huesa, en el que se presentó el estudio de la Federación Española de Daño Cerebral (Fedace) sobre 'Las personas con daño cerebral adquirido en el medio rural' y que también contó con la participación de la directora de dicha federación, Mar Barbero; la presidenta de la Asociación Ictus de Asturias (Asicas), María Jesús Rodríguez; la trabajadora social de la Asociación Adacea Jaén Marina Ozaez; la trabajadora social de la Asociación Adace Castilla-La Mancha Celia Buedo; la trabajadora social de la Asociación Sarela de Santiago de Compostela Laura Segade y Diego, persona con daño cerebral adquirido y usuario de dicha entidad.
Tras señalar que en el mundo rural los profesionales que les atienden han “detectado varias problemáticas”, la neuropsicóloga Inmaculada García puso como ejemplo el caso de los pacientes de la provincia de Burgos, que, subrayó, “dependen” de familiares, amigos o incluso vecinos para trasladarse “varios días a la semana” a la capital con el fin de “poder recibir esta rehabilitación” o recurren a transportes públicos con “horarios pésimos” que obligan a las entidades a “ajustar horarios para que no tengan que esperar varias horas” hasta ser atendidos.
“Al final, o se terminan trasladando a Burgos si tienen algún familiar, o no tienen acceso a la rehabilitación y quedan con secuelas muy importantes”, advirtió, para lamentar que las personas que residen "en un pueblo" sufren "más secuelas porque, en muchos casos, no tienen acceso a rehabilitación en las mismas condiciones que las que viven en Burgos”.
En este punto, con el fin de garantizar la atención a quienes continúan residiendo en el entorno rural, estos profesionales se valen como “aliadas” de las nuevas tecnologías, cuyo uso se extendió en pandemia, y utilizan plataformas de rehabilitación específicas para daño cerebral, además de realizar videollamadas con los usuarios. Con todo, la especialista juzgó “insuficiente” esta estrategia dada la “falta de conocimiento” que acusan los pacientes con respecto al uso de las tecnologías “por la lesión que tienen, porque antes de su actual situación no tenían contacto con ellas o porque el acceso que tienen a Internet y su calidad es pésima”.
En paralelo, reivindicó la urgencia de contar con “más personal especializado en DCA para abarcar las zonas rurales”, con el que las asociaciones puedan “coordinarse”, así como de disponer de subvenciones “permanentes y continuas” que les permitan ofrecer este servicio con el fin de evitar que el hecho de que vivan en el medio rural “no suponga para las familias un gasto extra importante que les haga abandonar el tratamiento”.
TRATAMIENTOS
En cuanto a los avances en dicho tratamiento, la experta afirmó que estos profesionales tratan de “reaprender continuamente” estrategias para “apoyar y aportar” a las personas que acuden a rehabilitación “formas para paliar esas secuelas”, teniendo en cuenta que estos usuarios “son cada vez más jóvenes, sobre todo en caso de ictus”, si bien su evolución “tiende a ser mejor y más positiva".
“No se tira la toalla por ellos aunque estén en el mundo rural”, apostilló, al tiempo que puntualizó que, en los doce años que lleva trabajando en su consulta, la media de edad de las personas con ictus que atiende “ha bajado increíblemente”. “Cada vez son más jóvenes por el tipo de vida que llevamos”, dijo en referencia, sobre todo, al estrés, que consideró “un factor súper importante”.
JÓVENES CON DCA
Entre esos jóvenes se encuentra Diego Marzoa, usuario de la Asociación Sarela de Santiago de Compostela y persona con DCA desde que, hace cuatro años, sufrió un accidente de motocicleta y tuvo que abandonar su trabajo de cocinero y “volver a empezar”. “Estuve de baja un año y me dieron una incapacidad para hacer el trabajo que realizaba y ahora estoy estudiando y preparando unas oposiciones para trabajar en el hospital”, añadió, consciente de la necesidad de “reinventarse”.
Diego vive en Ordes, un municipio situado a media hora de Santiago de Compostela y, tras el accidente, no podía conducir ni usar transporte público, por lo que se vio obligado a “depender" de dos personas que estaban "pendientes" de él "todo el día" para trasladarle de un sitio a otro. Ahora ya conduce, si bien confesó que vivir en un pueblo como el suyo también “se complica bastante” debido a la mala conexión de Internet, que le impide teletrabajar.
MÁS REIVINDICACIONES
La trabajadora social de la entidad que le atiende, Laura Segade, criticó las “limitaciones” que sufren estas personas por el hecho de residir en el medio rural y las “dificultades” que afrontan desde que reciben el alta, que es, precisamente, cuando, a su entender, “presentan mayores necesidades y necesitan aún más ayuda” mientras se enfrentan a una administración “lenta” a la hora de responder a sus necesidades, razón por la cual también reivindicó la importancia del trabajo sociocomunitario para abordar sus problemas.
A su vez, la presidenta de la Asociación Ictus de Asturias (Asicas) expuso la situación de estas personas en el concejo de Piloña, cuyo hospital de referencia “carece” de medios y profesionales para proporcionarles terapias de rehabilitación, por lo que algunas de ellas con DCA por ictus, una vez dadas de alta, se veían obligadas a trasladarse a la ciudad, con lo que ello implicaba de “desarraigo, problemas de adaptación, aislamiento y desconexión de su entorno”. Por ello, aspiró a mejorar su acceso a los servicios sociosanitarios y a “atraer” al medio rural a profesionales de la rehabilitación que les atiendan para que ni ellos ni sus familiares “se vean discriminados por su lugar de residencia”.
Por su parte, la trabajadora social de la Asociación Adacea Jaén explicó que esta entidad ha realizado un “mapeo de necesidades” y ha “constatado” que los profesionales de la salud o servicios sociales “desconocen lo que es un DCA”, por lo que llamó a darles “formación específica” sobre “qué es y cuáles son sus secuelas”.
Además, denunció el “desgaste y cansancio” que su situación provoca en enfermos y cuidadores y reclamó a la administración local que facilite que estos pacientes “puedan acceder a la rehabilitación en igualdad de condiciones” al tiempo que abogó por mejorar la "coordinación" de los recursos y por "acercar" los servicios sociosanitarios de proximidad a estas familias.
En el mismo sentido, la trabajadora social de la Asociación Adace Castilla-La Mancha en Cuenca y Guadalajara confirmó que en su región también hay "mucha dificultad" para que estas personas accedan a la rehabilitación así como falta de recursos especializados y “mucha desinformación” en torno a los recursos disponibles, al igual que entre los propios profesionales de Atención Primaria, que, a su entender, “saben lo que es un ictus, pero no la dimensión de lo que genera" y, sobre todo, "que hay posibilidades de recuperación”.
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