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MADRID, 23 (SERVIMEDIA)
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) registró este jueves en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley ante la comisión mixta de Seguridad Nacional para instar al Gobierno a que prohíba la contratación de empresas, así como sus matrices o filiales, que hayan espiado o hackeado alguna Administración pública del Estado.
En la misma iniciativa se pide un informe, a remitir a la propia comisión, con el detalle de las contrataciones que se hayan realizado a empresas que hayan espiado o hackeado. En este sentido, destacan que investigaciones de CitizenLab o Amnesty Internacional Secuyrity Lab han destapado en el último año una “gran trama de espionaje” en el Estado, especialmente con el software Pegasus.
Mediante estos sistemas, destaca, han sido espiados, entre otros, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès; líderes de partidos políticos como Arnaldo Otegi, Marta Rovira, Jordi Sánchez o Anna Gabriel, e incluso parlamentarios europeos, del Congreso y del Parlamento catalán como Jordi Solé, Antoni Comín, Miriam Nogueras, Jon Iñarritu, y Albert Botran.
“Estos espionajes no preocupan en una autoproclamada ‘democracia plena’ como la española”, señala la diputada republicana Montse Bassa, firmante la iniciativa. Es más, “políticamente, son aplaudidos, normalizados y justificados, de manera que se legitima y perpetúa el espionaje al disidente”.
“Prueba de ello”, apunta, es que “se ha vetado” la posibilidad de una comisión de investigación en el Congreso y, esta misma semana, tanto el Ejecutivo como la propia Cámara Baja “han ninguneado” la misión del Parlamento Europeo que se desplazó a Madrid en su investigación del “escándalo” del ‘caso Pegasus’.
“No sabemos hasta qué punto sigue actuando la enorme trama de espionaje y quiénes son las víctimas”, advierte Bassa, para quien la “pasividad” del Estado para esclarecer este asunto “convierte a la democracia en la mayor de todas las víctimas”. Los espionajes a políticos, el hackeo a páginas sensibles de la Administración o la filtración de ‘fake news’ con pretensión de guerra sucia política, “son actitudes que deben ser perseguidas y combatidas por la democracia”, concluye.
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