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MADRID, 21 (SERVIMEDIA)
Organizaciones del sector pesquero advirtieron este martes contra el plan de acción de la Comisión Europea para reducir la pesca de arrastre, ya que impone una “carga pesada y desproporcionada” a la flota de la Unión Europea, que todavía “lucha” contra las consecuencias del 'Brexit', la pandemia, la inflación y la crisis energética.
El sector pesquero, representado por Europêche, EBFA y Eapo, mantuvo este martes una reunión con representantes de instituciones comunitarias, un mes después de publicarse el ‘Plan de Acción: Protección y restauración de los ecosistemas marinos para una pesca sostenible y resiliente’ de la Comisión Europea.
A juicio de las patronales del sector, el plan ejerce una “presión adicional sobre los Estados miembros que tendrán que abordar objetivos no justificados por la ciencia y que afectarán negativamente a comunidades enteras que dependen de la pesca en un calendario poco realista”.
El sector recordó que la veda a la pesca de fondo es una medida completamente nueva, que no se basa en ninguna norma internacional o europea, ni seguirá el trámite legislativo ordinario.
“Este enfoque limita el debate político, la opinión de las administraciones nacionales y el Parlamento Europeo en el proceso de toma de decisiones”, agregaron las organizaciones.
El presidente de la Alianza Europea de la Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés) y miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Iván López van der Veen, destacó que “los gobiernos nacionales tienen una misión y una responsabilidad específicas frente a sus ciudadanos para implementar las normas de la UE, asegurar puestos de trabajo y abastecer el mercado con productos del mar sostenibles”.
“Por tanto, es difícil entender que la Comisión Europea haya optado por adoptar un plan de acción, sin consultar a los Estados miembros, a pesar de ponerlos en el centro del debate con el paquete pesquero. La naturaleza jurídica del instrumento seleccionado también plantea cuestiones jurídicas. Al no ser una ley de la UE, los ciudadanos y empresas, e incluso los Estados miembros afectados no tienen derecho a impugnar ante los tribunales el impacto desproporcionado del plan de acción, que los deja indefensos. En definitiva, no hay consulta, ni debate, ni defensa legal posible por el camino elegido por la Comisión para llevar adelante sus propuestas”, concluyó este representante.
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