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El Defensor del Pueblo vuelve a quejarse de “la elevada temporalidad" de los funcionarios | |||
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MADRID, 13 (SERVIMEDIA) El Defensor del Pueblo volvió a manifestar su preocupación por las elevadas tasas de temporalidad de los empleados públicos y pidió a las distintas administraciones abordar esta problemática para dar respuesta a los perjudicados. El informe anual remitido este lunes a las Cortes Generales reitera así una reclamación que el organismo liderado por Ángel Gabilondo ha puesto sobre la mesa durante los últimos años. El texto lamenta que “la elevada temporalidad en el empleo público” se ha convertido “en una práctica en la generalidad de las Administraciones Públicas desde hace décadas”, y explica que se ha agravado como consecuencia de la crisis económica de 2008 y de “las restricciones presupuestarias” adoptadas con posterioridad, “que afectaron a las tasas de reposición de los empleados públicos como mecanismo ordinario de reemplazo de personal”. Ante las dificultades para incorporar a nuevos trabajadores, el Defensor del Pueblo dice que las Administraciones Públicas han utilizado durante años la contratación temporal “como forma de dar respuesta a sus necesidades inaplazables de personal”. Ante esta realidad, el informe advierte de que este modo de proceder “no se acomoda a la directiva” relativa al acuerdo marco alcanzado con los sindicatos europeos, que declara los contratos de duración indefinida “como la forma más común de relación laboral entre empresarios y trabajadores, y obliga a los Estados parte a introducir medidas para prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada y a garantizar el principio de no discriminación”. De hecho, tras las distintas denuncias que se hicieron sobre el abuso de la temporalidad en el empleo público en la Administración española, la Comisión Europea decidió abrir procedimientos de infracción contra España por violación de la mencionada directiva. En este contexto, el Defensor del Pueblo ha pedido a las administraciones considerar “la necesidad de abordar la situación de quienes, como consecuencia del insuficiente marco normativo y de la inadecuada planificación de los recursos humanos, vienen padeciendo desde hace años los efectos de la temporalidad, solo parcialmente corregida por los procesos de estabilización del empleo temporal”. |
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