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MADRID, 08 (SERVIMEDIA)
Un joven marroquí extutelado por la Comunidad de Madrid fue encerrado en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Valencia pese a que su orden de expulsión estaba suspendida, según denunció la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros y el Fin de las Deportaciones.
En una nota de prensa apuntó que este joven “fue internado ilegalmente en el CIE de Zapadores durante más de un mes, a pesar de que en el centro se disponía de la resolución judicial del tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que suspendía cautelarmente su expulsión".
Afirman que la puesta en libertad sólo se produjo cuando el caso fue detectado por los servicios jurídicos de estas entidades miembros de la campaña, que ahora exigen “medidas disciplinarias contra los responsables de este encierro ilegal”.
Según afirman, el chico fue recluido desde el 21 de enero hasta el 23 de febrero en el CIE de Zapadores sin que ninguna autoridad verificara su situación legal “o si lo hicieron la ignoraron y lo mantuvieron privado de libertad con el objetivo de deportarle”.
Sostienen que el Juzgado de Instrucción 4 de Alcalá de Henares acordó el pasado 21 de enero el internamiento en el CIE de A. E. M, un joven de 22 años en cuyo expediente figuraba una orden de expulsión dictada por la Delegación del Gobierno de Madrid dos años antes.
Sin embargo, “ni este juzgado ni el CIE de València tuvieron en cuenta que el TSJ de Madrid estimó el 8 de julio de 2021 un recurso de apelación interpuesto por A. E. M y acordó la suspensión cautelar de la orden de expulsión”. “Se le trasladó a València y se le encerró con el fin de ser expulsado en cualquier momento”.
Afirman que el TSJ tomó esta decisión al considerar que el auto de expulsión no había valorado “debidamente las circunstancias del caso, porque la documentación aportada “arroja múltiples indicios del arraigo social del chico”.
A lo largo de la resolución, los dos magistrados y la magistrada critican “a la Comunidad de Madrid y a la Administración en general por la “inacción” y “descoordinación” para regularizar su situación administrativa ni desde que se detectó su minoría de edad, ni mientras estuvo tutelado ni tras alcanzar la mayoría”, aseguran estas entidades.
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