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MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
Los Juzgados de Control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid reclaman modificar el pliego de prescripciones técnicas para la contratación de asistencias y reconocimientos sanitarios en el centro, a fin de subsanar “las graves deficiencias” en la prestación de estos servicios.
Así figura en el acuerdo adoptado por los jueces de control de este CIE, que según Mundo en Movimiento y otras entidades sociales, sería extensivo a otros centros del país.
Dicho texto confirma “las carencias y problemas de la asistencia sanitaria que se presta en los CIE”, que ya habían denunciado internos y ONG.
Por ello, requiere a la Dirección General de Policía “la adopción de determinadas medidas para su mejora” y, en concreto , insta a modificar el pliego de condiciones para la contratación de las asistencias y reconocimientos sanitarios.
El acuerdo admite que, ”tal y como se vienen prestando hasta el momento estos servicios, se vulnera la normativa vigente", indica la ONG, tanto la relativa a cuestiones sanitarias como la que regula el funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros.
En concreto, los jueces proponen siete medidas para mejorar la situación: ampliar el turno de enfermería, a fin de garantizar la asistencia sanitaria básica las 24 horas del día; celebrar los convenios necesarios a fin de asegurar asistencia médica especializada y atender a las necesidades eventuales de hospitalización; contar con personal experto que atienda los aspectos relativos a la salud mental y que valore y derive, en su caso, al especialista de psiquiatría; y cambiar el sistema de abastecimiento de medicación para cumplir la normativa de dispensación de recetas.
De este modo, el acuerdo reconoce la necesidad de que la atención sanitaria esté garantizada también por la noche, que la derivación a los servicios de urgencias dependan de personal médico y no de la policía, o la "negligencia" en el almacenamiento y dispensación de fármacos.
En un comunicado, Mundo en Movimiento celebró la decisión de los jueces, aunque consideró "insuficiente" modificar el pliego de condiciones. En su opinión, las administraciones públicas deben implicarse en la prestación directa de estos servicios.
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