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MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
Vox tildó este martes de “propaganda y maquillaje” el impuesto a la banca y a las eléctricas planteado por las dos formaciones del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos), cuya admisión a trámite será debatida hoy en el Congreso.
Así lo aseguró en rueda de prensa el portavoz de Vox en la Cámara Baja, Iván Espinosa de los Monteros.
Durante esta comparecencia, Espinosa de los Monteros fue preguntado porque el Pleno del Congreso debata este martes la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos que plantea gravar a las empresas del sector energético con un 1,2% en sus ventas y aplicar un tipo del 4,8% sobre las comisiones e ingresos netos de las entidades financieras.
Este portavoz sostuvo que la propuesta es “propaganda y maquillaje”, con la que entiende que el Gobierno pretende “desviar la atención” de la “nefasta gestión” que está realizando de la inflación y la crisis energética.
“BROMA DE MAL GUSTO”
El portavoz de Vox indicó que es una “broma de mal gusto” que los partidos que conforman el Ejecutivo quieran crear este impuesto sin estudiar una reducción del gasto público y sin tener en cuenta que los ciudadanos se acabarán viendo afectados por un nuevo impuesto a bancos y energéticas.
También apuntó a que PSOE y Unidas Podemos eluden el “grave problema” que tiene España con su “dependencia energética”, al tiempo que responsabilizó tanto a los socialistas como el PP de que los españoles tengan la factura energética “más cara de Europa”.
En cuanto a que Podemos haya propuesto un tope temporal al interés de las hipotecas variables, Espinosa de los Monteros opinó a que es una medida que se basa en la “idea trasnochada” del comunismo y que su aplicación tendría consecuencias económicas muy negativas.
Al mismo tiempo, anunció que Vox está negociando con el PP enmiendas a las iniciativas presentadas por este partido en el Congreso sobre deflactar el IRPF y revisar la forma en que se están gestionado los fondos de la UE. En la primera propuesta, el partido de Santiago Abascal sugiere que también se rebajen las cuotas que las empresas y trabajadores pagan a Hacienda, mientras que en la segunda piden que también se examine la gestión que autonomías y ayuntamientos están haciendo del dinero europeo.
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